Rebelión de alcaldes del PP que rechazan convertirse en un «barrio» periférico

En este contexto, en el que la Xunta se ha comprometido a atender las demandas de Caballero siempre y cuando haya consenso con el resto de municipios del área, e l alcalde olívico no parece dispuesto a ceder un ápice en sus reclamaciones respecto a los cambios en la normativa. Su intención no es otra que recuperar el diseño anterior, correspondiente a la época de Manuel Fraga, en cuanto a gobernanza y el proceso, según sus propias palabras, es «imparable».

La clave de la inspiración de Caballero en el modelo de la ciudad Condal radica en que éste aplica una ponderación de la representatividad en la junta de gobierno , extremo que se eliminó en la propuesta gallega aprobada hace tres años con el único apoyo de la bancada popular. Frente a la primacía que ostenta Barcelona donde, pese a no cubrir el 50 por ciento de la población integrada en el área, su plácet es imprescindible para sacar las iniciativas adelante; en la ley gallega, tal y como está diseñada, el voto de los 14 alcaldes tiene el mismo peso.

En su origen el área quedaría compuesta por Vigo, Cangas, Moaña, Redondela, Soutomaior, Pazos de Borbén, Fornelos de Montes, Baiona, Nigrán, Gondomar, Mos, O Porriño, Salvaterra de Miño y Salceda de Caselas, sin perjuicio de que posteriormente se sumasen otros municipios, como es el caso de Tui, Tomiño, A Guarda, Vilaboa y Mondariz, que ya han manifestado su interés en este sentido.

«Proponer un voto por alcalde es antidemocrático», advertía Caballero tras el encuentro celebrado el pasado jueves con sus homólogos de la comarca en el marco del proceso de impulso del área metropolitana. Como ejemplo, el primer edil vigués argumentó que «no puede pesar lo mismo Pazos de Borbén, que aporta el 0,7%, que Vigo con el 60 . Y menos cuando es cien veces más pequeño».

Todo esto en cuanto al máximo órgano de gobierno, pero hay otra piedra que se considera angular y que explicaría el rechazo frontal del regidor a la normativa actual durante estos últimos años y su interés ahora por reactivar el proceso; la presidencia . Extremo que, no obstante, quedaba solventado en las pasadas municipales, al dibujar una composición política muy diferente con la que el alcalde de Vigo se asegura el sillón de la cabecera.

Una hipotética alianza de la izquierda que ahora es mayoría en la asamblea —encargada de ratificar las decisiones de la junta de gobierno y elegir presidente— proporcionaría en la práctica el «poder» que exige Vigo . El PP se queda solo con 23 de los 52 concejales metropolitanos que componen la asamblea y con 6 de los 14 que integran la junta de Gobierno. En clara desventaja, Caballero apuesta ahora a caballo ganador.

«Que no se siga esforzando por pararla. Va a ir adelante», aseguraba exultante el primer edil de Vigo tras la «cumbre» de alcaldes, en un mensaje directo al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusa de intentar «dinamitarla» con la modificación de la ley original respecto a la gobernanza. Además, según su versión, «algunos de los regidores que en público se alinean con el planteamiento político de Feijóo luego reconocen en privado que el área, tal y como está con la normativa en vigor, es inviable».

Y si bien es cierto que hay alcaldes del PP que plantean corregir la norma, no lo es menos que se han pronunciado públicamente. Tanto el conservador Javier Bas (Redondela) como Arturo Grandal (Salvaterra) plantean la necesidad de que haya un peso de los regidores ponderado en la junta de gobierno. Con todo, el primero de ellos se muestra partidario de buscar un punto intermedio entre la Ley del área metropolitana tal y como la aprobó el Parlamento con el único apoyo del PP, tras enmendar el proyecto original, y la propuesta de Caballero.

El regidor de Redondela coincide en que Vigo debe tener «un peso potente» en la junta de gobierno , pero discrepa con que éste y «unos ayuntamientos más decidan los designios» de toda el área, de modo que el resto de municipios puedan convertirse en «un barrio» de la ciudad de referencia . En opinión de Bas, la posibilidad de reservar para Vigo un derecho a veto podría ser una solución para que Caballero pierda «ese miedo» a una representatividad mayor del resto.

Mientras, Grandal solicita estudiar un plan económico para determinar «la viabilidad del área y cuánto debería aportar cada municipio». En este sentido cuestiona el modelo de Barcelona, del que recuerda «tiene una deuda de 178 millones y los gastos de personal son de 28 millones anuales». «Extrapolando las aportaciones que hacen los ayuntamientos que están en la misma, 46 euros por habitante al año, a un concello como el de Salvaterra le correspondería pagar casi medio millón de euros anuales », argumentó para justificar su rechazo.

Otro de los encargados de rebajar el entusiasmo del regidor olívico fue el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves , para quien el cónclave convocado dejó de manifiesto que «no hay consenso» acerca de esta iniciativa, condición sine qua non para que la Xunta impulse la modificación de la norma.