La Xunta certifica que Ence cumple los requisitos para seguir su actividad

El arco izquierdo del hemiciclo gallego se lanzó en tromba contra el Gobierno central, por haber aprobado la ampliación de la licencia a pesar de encontrarse en funciones. Este punto fue aclarado por la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, que calificó la decisión de «administrativa». Términos como «vergüenza», «fraude» o «alevosía» fueron conjugados por miembros de las bancadas socialista, nacionalista y rupturista.

En su segundo turno de intervención, Beatriz Mato recordó que tal declaración ambiental fue concedida por el bipartito, por lo que reprochó la «hipocresía» de PSOE y BNG al oponerse ahora la continuidad de la pastera . Además de poner encima de la mesa el hecho de que en los últimos tiempos las exigencias en materia de contaminación se han endurecido, y aún así la factoría cumple con ellas, Mato vaticinó que estos controles seguirán en aumento en los próximos años. Sobre otra de las cuestiones polémicas del conflicto, la de los puestos de trabajo directos e indirectos que se verían afectados si Ence echase el cierre, la conselleira apuntó que « este Gobierno está al lado del empleo , de los trabajadores y del futuro sostenible de la Comunidad».

También desde las administraciones locales se dio respuesta a la polémica. La presidenta de la Diputación provincial, la socialista Carmela Silva, adelantó que se sumaría a todas las reivindicaciones que fuesen lideradas desde el Ayuntamiento, ante una decisión que tachó en un comunicado de «incomprensible e intolerable».

En el Consistorio de la capital del Lérez, el Ejecutivo encabezado por los nacionalistas pidió «unión» a la izquierda para hacer frente a la situación. De hecho, el regidor Miguel Anxo Fernández Lores afirmó encontrarse ante «el día más triste» de sus 16 años como alcalde, acusando a Ence de «enriquecimiento injusto» y de que la prórroga no atiende «al interés general ni colectivo».

Todavía fueron más allá los representantes de los grupos de PSOE y Marea en la ciudad, que pidieron al Pleno que declare como «persona non grata» a Mariano Rajoy en señal de «repudio» por esta situación.