El único decreto lingüístico posible para Feijóo

Ambos extremos sociales rechazan de plano el nuevo texto, unos por exceso de gallego, otros por defecto en la presencia de la lengua propia de Galicia en la escuela pública y concertada. Lo único cierto es que el Ejecutivo que preside Núñez Feijóo ha parido el único texto posible, conforme a la ley, el Estatuto o incluso sentencias del Tribunal Supremo sobre este tema.

Líneas rojas legales

De hecho, el TS marcó el pasado mes de noviembre unas líneas rojas difícilmente franqueables al aseverar en una sentencia a un padre de Vigo que reconocer a «toda persona dependiente de la jurisdicción de un Estado el derecho a ser instruido en la lengua de su elección conduciría a resultados absurdos, ya que todos podrían reivindicar así una instrucción impartida en cualquier lengua, en cualquiera de los territorios».

Es más, el Tribunal recuerda que ni la Constitución ni la Declaración Universal de los Derechos del Hombre «garantizan a los padres el derecho de elegir la lengua que regirá el proceso educativo de sus hijos», y que existiría discriminación por esta razón si «a criterio del peticionario, se pudiera cursar un determinado tipo de estudio con olvido o marginación de una de las lenguas» cooficiales en Galicia.

Pero más allá del mandato del Supremo, Núñez Feijóo tenía otros condicionantes, tales como el Estatuto de Autonomía y la Ley de Normalización Lingüística que su propio partido aprobó en 1983, y norma que el actual presidente de la Xunta no puede devaluar sin riego de que se produzca una quiebra en el sector más galleguista de su partido.

La Ley 3/1983 señalaba con contumacia que «los alumnos no podrán ser separados en centros diferentes por razón de la lengua» y sólo «razones pedagógicas excepcionales» lo permitirían por aulas, por lo que el decreto no podría bajo ningún concepto recoger la segregación del alumnado. Arriba en la pirármide jerárquica legislativa, un Estatuto que conminaba a los poderes públicos a «potenciar la utilización del gallego en todos los órdenes de la vida pública».

Coherencia en el discurso

Detrás de la introducción paulatina del inglés en la enseñanza -que no tiene visos de aplicarse a corto plazo y que Feijóo calculaba ayer para un horizonte de entre 5 y 8 años- emerge la convivencia real que habrán de mantener gallego y castellano hasta que ambas supongan los previstos dos tercios del currículo lectivo. Y si el decreto del bipartito se limitaba a regular que la lengua de Rosalía habría de representar como mínimo el 50% de las horas de clase -pudiendo ser más y, por tanto, dejando el castellano en un porcentaje residual-, el nuevo texto garantiza que, inglés o francés aparte, los idiomas cooficiales convivirán al 50%.

No es ninguna sorpresa. Se trata de la posición que de forma homogénea ha mantenido el PP durante toda la pasada legislatura, y la que llevó a los populares a apartarse de la aprobación del decreto lingüístico del bipartito en el año 2007.

En los últimos días se han sucedido las críticas desde las plataformas teóricamente más próximas al PP censurando a Feijóo el incumplimiento de sus promesas electorales y advirtiendo de las consecuencias en futuros comicios, amenazas con las que UPyD -marginal en Galicia- se frota las manos.

El principal reproche es que los padres no podrán elegir la lengua vehicular en la enseñanza, algo a lo que se comprometió, así como a una consulta en el impreso de matrícula para que éstos indicaran el idioma para las asignaturas troncales. «Nos parece que las asignaturas troncales deberían ser elegidas por los padres», dijo Feijóo en campaña, «el idioma en el que se den las asignaturas troncales, que son las de los textos, las del material didáctico, las asignaturas más importantes, deberían de elegirlo los padres». Y de hecho lo harán.

El borrador del nuevo decreto es respetuoso con esta promesa. Los padres elegirán en Infantil anualmente, y en Primaria y Secundaria cada cuatro años. En el primero de estos dos ciclos, la elección afectará a una de las dos asignaturas troncales -matemáticas o conocimiento del medio-, ya que sumergir ambas en un mismo idioma otorgaría a la Mesa por la Normalización el mismo argumento que sus opositores manejaban hasta ahora.

En Secundaria, donde el peso de estas dos troncales es menor en número de horas lectivas por semana, el idioma en que se impartan será conjunto, ya que no se desvirtuará la máxima que rige el decreto: absoluto equilibrio de gallego y castellano en el número de horas. El resto de asignaturas del currículo se repartirá según decisión del Consejo Escolar, también criticado por asociaciones como la Mesa por la Libertad, que acusa a estos órganos de «estar controlados por el profesorado más fanáticamente nacionalistas».

Los Equipos de Dinamización Lingüística estuvieron también en la picota durante la pasada legislatura, al ser vistos como comisarios políticos de la imposición. La Xunta diluirá su carácter ideológico al dar entrada en su seno a las asociaciones de padres, que sumarán así a su voz y voto en los consejos escolares su papel activo en estos equios.

Manuales en dos idiomas

Esta pluralidad lingüística en las asignaturas troncales obligará a las editoriales a publicar los libros de texto en ambos idiomas, una de las reclamaciones históricas de los defensores de la libertad de elección de lengua, aspecto también subrayado el pasado miércoles por Feijóo durante la presentación del decreto.

Sí es más proclive a la polémica el caso de la etapa de Infantil, donde los padres elegirán directamente y cada año la lengua mayoritaria de la clase, quedando como responsabilidad del profesorado que sus alumnos -entre 2 y 5 años- conozcan el otro idioma, un desideratum que la Xunta habrá de perfilar en su trámite de negociación y adecuar al artículo 13.1 de la Ley de Normalización, según el cual «los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua materna».

Otra de las demandas de grupos como el que preside Gloria Lago era la libertad de uso de gallego o castellano en clase por parte del alumnado, garantía que también recoge el texto de la Xunta actual, en contraposición al del bipartito de PSOE y BNG. La única salvedad serán las clases propias de cada lengua, en las que el sentido común marca que habrá de emplearse el idioma cooficial de turno.