La UDEF cree que Besteiro conocía las irregularidades de la Diputación

Entre las que se atribuyen directamente al máximo responsable de la institución provincial se encuentra un «claro y descarado» fraccionamiento de los contratos de transporte relativos al programa de viajes «Km0» para supuestamente beneficiar a empresas por medio de una adjudicación sin las garantías pertinentes. Los investigadores creen que Besteiro era «sabedor» de estas anomalías y las toleró desde su cargo.

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) considera que el método empleado se da «para no acudir al procedimiento negociado, permitiendo que la empresa pudiese presentar varias ofertas». En este capítulo, señala que fue el propio Gómez Besteiro el que firmó « todos los contratos, a excepción de alguno », que fue rubricado por la presidenta en funciones, la actual alcaldesa de Lugo, Lara Méndez . Sobre este punto, colocan el foco acerca de que «no se ha encontrado ningún informe» de la Intervención o la Secretaría de la institución en los que se pusiesen reparos «a todas luces necesarios», ante estas actuaciones. Por esto, los investigadores consideran a los directivos provinciales «cuanto menos sabedores de la injusticia de las resoluciones administrativas dictadas». Tanto el interventor como el secretario adjunto están igualmente investigados en la causa.

En otro capítulo del sumario, es también la propia UDEF la que señala que alguno de los contratos promovidos por la Diputación se tramitaron por vía de urgencia «sin estar suficientemente justificada». Esta maniobra, explican los efectivos policiales, se utiliza para acortar los plazos y eliminar posibles aspirantes a contratistas, de modo que se beneficia a las empresas que ya pudiesen conocer con anterioridad los proyectos en liza.

Algunos nombres se erigen en clave de la historia de la operación Pulpo. Uno de ellos es el de Raúl López, un conocido empresario propietario de Monbús, la gran beneficiada de la adjudicación de contratos de la Diputación para «Km0». La UDEF señala que en 2010 se trocearon contratos para convertirlos en menores hasta sumar la cifra de 38.400 euros , por lo que se deberían haber tramitado juntos ya que pertenecían al mismo programa y, del mismo modo, en 2012 se le adjudicaron por un valor de 64.800 euros.

López era también, en aquel entonces, el presidente del equipo de balonceso de la ciudad, el Breogán, que recibió de la Diputación desde 2006 hasta 2014 una cifra que ronda los 7 millones de euros en concepto de subvenciones . Sobre este montante, la UDEF concluye que «en todo el análisis documental realizado no se ha encontrado documento alguno que tan siquiera denote la existencia de la previa autorización del órgano concediente» de la ayuda.

Sin embargo, es llamativo que algunas de las ayudas concedidas al Breogán estén rubricadas por la exvicepresidenta Lara Méndez o previamente propuestas por el exvicepresidente Antón Bao (BNG), sin que ninguno de ellos haya sido objeto de investigación por parte de la juez o la UDEF, que ha tirado por elevación contra Besteiro por su condición de presidente provincial.

La chispa que hace arder desde sus cimientos toda la estructura de la administración Besteiro no es otra que la denuncia de una serie de trabajadores de la Diputación contra el jefe de protocolo, Juan Carlos Fernández Pulpeiro , por supuesto acoso laboral. De los gritos y las supuestas vejaciones a las que sometía a sus subordinados, a los que en teorá ordenaba trabajos que no les correspondían, se deriva la puesta sobre la pista de las acusaciones acerca de la malversación de fondos públicos debido al inflado de facturas en los viajes del programa.

Pese a que Pulpeiro defiende que «los cientos de facturas desde 2008 a 2012 fueron validadas» por la Presidencia y la Secretaría provincial, la UDEF pone sobre la mesa que los documentos de pago de los viajes no se corresponden con los gastos efectivos de las excursiones. En un escrito, los agentes manifiestan «dudas» acerca de si «realmente» el jefe de protocolo de la Diputación de Lugo pagó por servicios no disfrutados — menús que se incluían en el programa «Km 0» — o hubo «cierta connivencia» entre él y determinados proveedores entre los años 2009 y 2012 para repartirse algo más de 10.275 euros en efectivo, cuantía que figura en facturas de ese periodo bajo el concepto de cancelaciones.