La CEG del todos contra uno

Quince años más tarde, la situación interna y los problemas económicos vuelven a poner en el disparadero a su titular. Con tres de las provinciales en contra, una importante sección de la pontevedresa y algunas de las sectoriales, Fernández Alvariño defiende «un obstruccionismo claro» a su gestión. La fragilidad del mandato del empresario vigués quedaba en evidencia a los pocos meses de ocupar el sillón presidencial. Pese a la unidad proclamada de puertas para dentro, el relato era bien distinto.

La promesa de Fernández Alvariño de dar mayor protagonismo a las provinciales y «menos presidencialismo» no logró frenar una estrategia medida al detalle, en opinión del presidente de la gallega, para «desmantelar la entidad o provocar mi dimisión» , alimentada desde La Coruña y a la que no tardaba en sumarse Lugo. Este último aliado se reveló clave en un proceso que desemboca en elecciones anticipadas, anunciadas para el próximo 15 de enero si así se ratifica en el comité ejecutivo del día 24.

El círculo más cercano a Alvariño señala como uno de los principales motivos de este «todos contra uno» a que la organización coruñesa no perdona que se desvelase un desfase entre los ingresos previstos en el balance provenientes de la red Pexga que la Xunta no reconocía. Fontenla requirió a Alvariño menos cintura con el Gobierno gallego y la reclamación de hasta 300.000 euros en facturas sin pagar del convenio suscrito con el Igape. Cuestionaba así una auditoría interna que deja en evidencia sus últimas cuentas al frente de la CEG. En verde, pasaron a arrojar así un patrimonio neto negativo.

Como contrapartida, la asamblea tumbaba las cuentas de 2014, «auditadas y sin anomalías», mantienen desde la presidencia de la patronal gallega. Esto derivó en un ajuste contable que el mismo Alvariño calificó de «imprescindible», con una reducción del 50 por ciento en los gastos de personal y explotación, gabinete de presidencia y comunicación. «Había que contrarrestar de algún modo la falta de ingresos» , justificó entonces el empresario vigués.

Entre medias, tuvo que hacer frente a las críticas que le llovieron tras conocerse que el seguro de la CEG se encargó a una de sus empresas familiares, así como el servicio de coche oficial. Decisiones que fuentes consultadas aseguran «pueden ser cuestionables desde el punto de vista ético, pero en ningún caso ilegales». Las acusaciones de «irregularidades» en las elecciones de la confederación pontevedresa, judicializadas, elevaron si cabe aún más el clima de tensión interno.

La última en sumarse al grupo de los críticos ha sido la patronal orensana. Con José Manuel Pérez Canal al frente, optaba por desmarcarse del presidente tras asumir un perfil medio bajo, actuando más de mediador en los últimos meses.

Con los comicios a la vuelta de la esquina, los opositores preparan una futura CEG en la que no tendría cabida el actual presidente, quien no confirma si se volverá a presentar. Entre los candidatos, suenan con fuerza el propio Pérez Canal , el secretario general de Anfaco, Juan Manuel Vieites, y el también empresario orensano Antonio Diéter Moure.