El rural, en jaque por el «cerco» al purín

«Adaptar el sistema de riego actual por otro de inyección podría costarle a cada productor entre 12 y 20 mil euros», explica en conversación con ABC el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, que apunta que, en muchos casos, sería también necesario adquirir tractores más potentes y realizar un gasto en gasolina mucho más elevado para aplicar el purín directamente en la tierra. En este sentido, García considera «totalmente arbitraria» la decisión de la Unión Europea, y lamenta que las instituciones comunitarias hayan decidido «penalizar» a los productores que reciben ayudas de la PAC , «principalmente dedicados al vacuno de leche y carne», en lugar de a otros sectores «mucho más contaminantes». «Según los datos de la propia UE, las emisiones de sectores como el avícola o el porcino multiplican por tres las del sector vacuno de leche y de carne, pero se regula sobre estos sectores porque reciben ayudas de la PAC y se les puede penalizar por incumplimiento. No parece lógico», apunta el secretario general de UU. AA.

Ante las críticas que ha generado esta normativa tanto en Galicia como en comunidades como Asturias o Cantabria, la Xunta ha iniciado contactos con los gobiernos autonómicos de las distintas regiones afectadas para intentar solicitar de forma conjunta que se contemplen una serie de excepciones a esta norma en base a las características de las explotaciones gallegas y del resto del norte peninsular. Según relataron a este diario fuentes de la Consellería de Medio Rural, la propuesta del Gobierno autonómico pasa por que se tengan en cuenta las peculiaridades de la Comunidad en cuanto al tamaño de las explotaciones y en lo referente a la orografía y el clima. En el caso de la orografía, recuerdan que gran parte del suelo agrario útil de Galicia se localiza en zonas de alta montaña o con una fuerte pendiente, lo que haría «imposible» aplicar el sistema de abono que fija la UE. «Con las lluvias y con desplazamientos y hundimientos de tierra existiría un elevado riesgo de que la maquinaria vuelque», concretan.

Medio Rural apela además al «impacto socioeconómico» que tendría renunciar a los tradicionales sistemas de riego. No obstante, el Ministerio de Agricultura ya se ha comprometido a sacar una línea de ayudas específica para poder financiar los costes que acarrearía la adaptación de la maquinaria agrícola al cambio normativo.

Sin embargo, colectivos como la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) sí ven con buenos ojos que Bruselas se haya decidido a actuar contra las emisiones de gases contaminantes en el medio rural. «Si sabemos que el 84% del amonio que cae en la tierra con el agua de lluvia viene de los purines aplicados con el sistema aéreo, con riego o con cisterna, habrá que intervenir sobre ello», relata a ABC su presidente, Serafín González , remitiéndose a los datos aportados por la Xunta en cuanto a la calidad de las precipitaciones. González recuerda que Bruselas no ha prohibido el uso de este sistema, sino que únicamente ha decidido restringir los fondos de la PAC a los productores que recurran a él. En todo caso, se muestra favorable a la aplicación de una «moratoria» que permita que el rural gallego se adapte progresivamente a esta exigencia.