Luis Ojea - La Semana

Racionalidad y sentido común

Lo que no es de recibo es pretender que los gallegos paguen las ensoñaciones de políticos irresponsables

Luis Ojea
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Resulta sorprendente el empecinamiento de algunas organizaciones políticas que se autodenominan nacionalistas a la hora de defender la importación a Galicia del modelo de concierto económico del País Vasco. Echando cuentas los números no dan. Esta comunidad perdería alrededor de unos 1.000 millones de euros cada año. Pero aun siendo conscientes de ello persisten en reclamar ese sistema de cupo. Así que habrá que colegir que ese tipo de partidos están una vez más dispuestos a subordinar los intereses de los ciudadanos a sus trasnochados dogmas. Que, en definitiva, pretenden obligar a los gallegos a pagar la factura de sus complejos de inferioridad.

El debate sobre el modelo de financiación es demasiado complejo y poliédrico como para dejarse arrastrar por simplezas. O por la demagogia de quienes, como el líder del PSC con el aval de Ferraz, pretenden que se le condone la deuda a Cataluña, una administración quebrada, para que puedan seguir despilfarrando a espuertas.

La clave de bóveda del sistema reside en que se garantice efectivamente la igualdad de acceso de todos los españoles a una serie de servicios públicos que se consideren esenciales. Un gallego que resida en Monterroso debería poder acceder a ese tipo de prestaciones en los mismos términos que un catalán, un madrileño o un extremeño. Se financian servicios a personas, no a entelequias territoriales. Pero, por ello, urge que, en paralelo al debate sobre el reparto de fondos, se clarifique el catálogo de derechos que los poderes públicos consideran esencial garantizar en el conjunto del territorio nacional. Sí, homogeneizar el inventario de prestaciones básicas para garantizar que no haya ciudadanos de primera y de segunda dentro de la misma nación.

No se trata de mermar la autonomía política de las comunidades. Se trata de responsabilizarlas de sus políticas de gasto. De que asuman ante los ciudadanos el coste político de dilapidar el presupuesto en majaderías. Si aun así hay una mayoría que decide sustentar a gobiernos que malgasten el dinero van a poder seguir haciéndolo. Pero ya no podrían pasarle la factura a las demás comunidades. Solidaridad sí, pero lo que no es de recibo es pretender que los gallegos paguen las ensoñaciones independentistas de algunos políticos irresponsables de Cataluña.

Ni tampoco resulta lógico seguir vaciando de contenido al Estado. Como nadie está dispuesto a salir de este tipo de negociaciones con menos dinero, los sucesivos gobiernos han ido hasta ahora cuadrando la ecuación a base de engordar la tarta para que, al margen del modelo de reparto, todas las comunidades tuviesen una porción cada vez mayor. Pero va a llegar un momento en que no se pueda seguir adelgazando más la hucha de la Administración Central. Además de irracional, es insostenible.

El debate sobre la financiación autonómica ha surgido en el momento más inoportuno. Con la crisis provocada por los separatistas de telón de fondo, resulta imposible imaginarse una discusión en términos racionales. Que se plantee una homogeneización de prestaciones, que se limite la excesiva gama de presuntos derechos garantizados por los poderes públicos o que se recentralicen competencias. Pero también, al margen de discusiones filosóficas, cuesta visualizar que, en el terreno de lo práctico y lo tangible, ese contexto favorezca la incorporación al modelo de las reivindicaciones de comunidades como Galicia para hacer más equitativo el reparto de fondos. Más que nunca, en un debate tan complejo, sobran dogmatismos y demagogias y hacen falta altas dosis de racionalidad y sentido común.

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