El ruinoso negocio del cupo gallego

A favor de este planteamiento, lógicamente, están los nacionalistas gallegos, autores del texto que se debatió en el Parlamento —y se rechazó con los votos del PP—. En su intervención, el diputado Francisco Jorquera atacó la «limitadísima autonomía financiera» del actual modelo, con una «dependencia crónica del Estado». La proposición del BNG se sostiene sobre sendos estudios de economistas del ámbito nacionalista, Xosé Díaz y Xavier Vence . El primero, en un trabajo del año 2007, cifraba en 4.375 millones de euros lo que el Estado recaudaba de más en Galicia respecto de lo que invertía aquí. Eran tiempos pre-crisis. Ya en plena recesión, con datos de 2011, Vence cuantificó en 1.322 millones de euros el déficit de Galicia. «Pese a tener una renta per cápita inferior en 13 puntos a la media, aporta más de lo que lo recibe y esto significa que si pudiera gestionar directamente sus propios ingresos, impuestos, ganaría mucho», apunta Vence.

El problema fundamental, en su opinión, es que en estos momentos todas las autonomías, incluyendo Galicia «están contribuyendo a mantener una Administración central excesiva que, además, sigue una política de gasto que está muy lejos, desde luego, de los intereses de una comunidad como la gallega». Entonces, ¿es Galicia maltratada? .

La clave está, esencialmente, en el cálculo de las llamadas balanzas fiscales , el instrumento que permite determinar cuánto ingresa el Estado en un determinado territorio y cuánto retorna a él a través no ya de inversiones, sino en la prestación de servicios comunes como la justicia o la defensa. Como explican Josep Borrell y Joan Llorach en su libro Las cuentas y los cuentos de la independencia , «las balanzas fiscales tienen una utilidad relativa» dado que «los resultados varían en función de los criterios metodológicos empleados». Eso explica que «ningún gobierno de países federales las calcule sistemáticamente».

En España, el Ministerio de Hacienda encargó su elaboración por la petición reiterada de Cataluña, que alegaba su condición de «expoliada». Un comité de economistas, con el experto Ángel de la Fuente a la cabeza, calculó y publicó el pasado año los datos de 2012, y las cifras distan del discurso de los nacionalistas gallegos. Según este informe, Galicia recibió 3.946 millones de euros más de lo que aportó a las arcas del Estado , y sólo hay cuatro autonomías de régimen común que reciban menos de lo que aportan: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Precisamente las de mayor renta per cápita del conjunto del Estado. ¿Y cómo afecta eso al ciudadano gallego de a pie? Un estudio del INE sobre la Contabilidad Regional de España revela que las rentas primarias brutas de los hogares gallegos se situaban en un índice de 85 puntos sobre los 100 de la media española, pero una vez contabilizadas las transferencias del Estado a Galicia, ese índice se eleva hasta los 91,65 puntos. Es decir, la acción redistributiva del Estado acerca a los hogares gallegos a la media del conjunto nacional.

«Esto demuestra que la redistribución funciona» , resume Pedro Puy , profesor de Hacienda Pública y actual portavoz del PP en el Parlamento, «el modelo de cupo sólo beneficia a las Comunidades que están por encima de la renta media, y lógicamente perjudica a las que están por debajo, y no existe ningún informe que diga que la renta media gallega está por encima de la española».

Sin embargo, y en conversación con ABC, Vence insiste: «Galicia recibe más de 1.000 millones menos de los que aporta al Gobierno central» . ¿Qué falla entonces en su cálculo para 2011? Hay que mirar la letra pequeña para ver que en el apartado de gastos del Estado en la Comunidad no se contabiliza ni la Seguridad Social ni la parte de la deuda pública que correspondería a Galicia, algo que, como sí reconoce el propio informe, revertiría el supuesto déficit fiscal.

Otro apartado dudoso está en el capítulo de ingresos tributarios, cuando estima en 1.452 millones los ingresos en una partida que incluiría tasas universitarias, entradas a museos o expediciones de documentos como DNI o pasaporte, partida que para Puy «está sobredimensionada».

Además , el método empleado por Vence es el del «flujo-monetario» , que se centra en el cálculo de qué ingresos y gastos se realizan exclusivamente en un territorio, mientras que el modelo de «carga-beneficio» extiende su análisis a las personas que, incluso en otros territorios, podrían verse beneficiadas por una determinada inversión. Un ejemplo: las obras en Zamora de un tramo del AVE Madrid-Galicia, ¿sólo benefician a Castilla y León? ¿O también a todas las autonomías por las que transcurre la línea? Según el modelo de «flujo-monetario», como la inversión es en Castilla y León, sólo a este territorio sería imputable el beneficio. No obstante, ambos modelos son empleados por los economistas. En su intervención parlamentaria, Francisco Jorquera aclaró que no defiende la conversión del actual modelo de régimen común en un concierto económico para todas las autonomías —algo que, según afirmó en 2010 el profesor Ignacio Zubiri, tendría un coste presupuestario del 3,6% para todas las comunidades—, sino exclusivamente para Galicia dada su condición de nacionalidad histórica, al nivel de País Vasco.

«Los cupos vasco y navarro son anacronismos» , replica el profesor de Economía Aplicada de la USC Miguel Ángel Vázquez Taín , «el problema de un posible concierto es que tendría que generalizarse», lo que haría inviable el sistema «porque no tienen en cuenta el gasto que hace la Seguridad Social en pensiones».

« Sólo en el caso gallego, el pasado 2014 se recibieron 3.200 millones de euros de la caja única para el pago de pensiones contributivas , y el gasto está creciendo», añade Taín. Precisamente, las aportaciones de la Seguridad Social están fuera del cupo que el gobierno vasco abona al Estado, «pero tarde o temprano tendrá que entrar».

Fernández Leiceaga, profesor de Hacienda Pública en la USC, va un poco más allá y considera que los conciertos vasco y navarro «generan privilegios inaceptables» . De modo que desde la perspectiva de la equidad, la propuesta que genera mayor consenso es externa al modelo y apunta a promover la absorción progresiva de las diferencias entre el rendimiento del modelo foral y común, por medio de un nuevo cálculo del cupo vasco y navarro. Esta convergencia, defiende Leiceaga, permitiría incrementar ligeramente la suficiencia de las haciendas comunes. Según Leiceaga, Galicia perdería 1.000 millones de euros si saliera adelante la propuesta de concierto económico planteada por el BNG.

Vence y Jorquera, por el contrario, insisten en que el gasto del Estado en pensiones —en una Galicia envejecida y con un problema demográfico que empujará a que cada vez haya menos trabajadores y más pensionistas— «debe dejarse al margen» de la contabilidad e incluirse «en un balance aparte» , porque esta prestación «es un derecho de la persona que adquiere mediante su trabajo». No obstante, este argumento sería válido en un sistema de pensiones en régimen de capitalización, en el que cada trabajador cotiza para su propia jubilación, y no como el español, de caja única y basado en la solidaridad entre trabajadores, que además se sostiene con las contribuciones de quienes cotizan en el presente —razón por la que es deficitario en estos momentos—.

Galicia, por tanto, «sale beneficiada del actual sistema de financiación» , estima Vázquez Taín, «a pesar de que el modelo debería mejorarse para introducir más mecanismos de solidaridad interterritorial». Pero alerta: «esto es lo que nos gustaría, pero soy pesimista acerca de que un nuevo modelo nos permita mantener nuestra situación actual, porque hay autonomías como Cataluña o la Comunidad Valenciana que quieren mejorar sus recursos», y eso obviamente los detrae del pastel a repartir entre territorios.