Génova anula afiliaciones irregulares vinculadas al senador Javier Guerra para el congreso local de Vigo

«Resulta que en diecinueve solicitudes de afiliación figuraba como titular de la cuenta de domiciliación de la cuota la misma persona , el vicepresidente de la gestora del PP de Vigo y posible candidato, Javier Guerra Fernández», denunció en una circular el comité. No habría sido el único en incurrir en estas prácticas. Fuentes populares indicaron a ABC que su hermana también habría asumido en una cuenta personal el pago de cuotas de nuevos afiliados. Y apuntan igualmente a que estaría relacionada una concejala de la corporación viguesa.

Además de las 19 afiliaciones irregulares que se le atribuyen a Guerra, el comité organizador ha detectado otras 16 en las que concurría una «circunstancia similar». Fueron anuladas «por irregulares» tras comprobarse que no se trataba de familiares de los titulares de las cuentas bancarias en cuestión. «Los hechos descritos obligan a extremar la prudencia y la vigilancia en los casos en los que se permita abonar cuotas de afiliación impagadas» , reconoce la circular de la comisión organizadora, que se compromete «en la medida de lo posible, en la prevención, detección y eliminación de posibles conductas contrarias a la cultura de cumplimiento del partido» y lograr «un proceso de elección igualitario entre candidatos».

«La admisión de estas solicitudes podría suponer una alteración del censo de afiliados , con las consecuencias que ello tiene en un proceso de celebración de un congreso local», añaden. De fondo emerge la dura pugna entre los dos aspirantes a presidir el PP de Vigo —la ciudad en la que la derecha gallega obtiene, de largo, sus peores resultados en las elecciones municipales—y en el que se enfrentan Javier Guerra y la actual delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias. Ambos oficializaron sus candidaturas en los últimos días. En las últimas semanas, entre bambalinas y de manera muy callada, ha habido contactos para estudiar una posible integración, pero que si antes era difícil, hoy se antoja imposible.

En la misiva remitida el lunes desde Génova, que firma el secretario de organización Alberto Casero, se explica que «tomamos esta decisión con el objeto de evitar que se produzcan pagos masivos , más aún en momentos pre-congresuales» que pueden distorsionar el resultado del cónclave vigués, en el que se intuye que el resultado va a estar muy ajustado. «No podemos convertir la regularización de cuotas de afiliados que quieran participar en ingresos no controlados en las cuentas del partido», añade la carta que Casero envía al presidente del PP de Pontevedra y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Javier Guerra niega todas las acusaciones que se vierten contra él y sostiene que se trata de una polémica ficticia, dado que estas afiliaciones —que no niega, pero sí reduce su número— no tienen derecho a voto en el cónclave vigués, cuyo censo está cerrado a 20 de julio , cuando se celebró el congreso provincial de Pontevedra. Esta limitación está recogida en el reglamento marco de congresos del PP , que establece que si una asamblea local se convoca dentro del plazo de los cuatro meses posteriores a la convocatoria de la cita provincial, el censo será el de esta última. Si se excede esa fecha, podrán votar todos los afiliados al corriente de pago el mismo día en que se celebre el congreso local. Las afiliaciones anuladas a Guerra no tendrían derecho a voto; si el congreso se hubiera convocado en 2022, sí.

Fuentes del PP de Vigo indicaron a ABC que entre enero y el 20 de julio se afiliaron al partido en la ciudad alrededor de 150 nuevos militantes , y que tras el congreso provincial se habrían inscrito otro centenar más de personas. «Se afilia gente porque cree en nuestro proyecto, quiere vivir y participar» , valoró Guerra en conversación con ABC, asegurando que las altas anuladas que se pagaban desde su propia cuenta corresponden a «familiares y allegados», de acuerdo a la normativa del partido, que contempla esta posibilidad. Por el contrario, Génova consideró que este vínculo no estaba acreditado «de manera fehaciente», posición compartida por la comisión organizadora.

Además, atribuye estas acusaciones a «una cortina de humo» para justificar la decisión del comité organizador de no permitir un plazo para que los afiliados pudieran ponerse al día en el pago de cuotas. En conversación con ABC, defiende que es «ilegal» la negativa de dar «quince días» para regularizar los pagos, «como se ha hecho siempre», mientras que en el caso del congreso de Vigo «primero se negó esa posibilidad y una semana más tarde se da marcha atrás y se conceden tres días», una decisión que cree arbitraria. «¿Por qué en el congreso provincial de Pontevedra se dieron quince días para regularizar cuotas y ahora no se da?», insiste en preguntarse Guerra.

En vista de esta maniobra de la que se percató Genova —ya que las afiliaciones se realizaron de manera telemática a través de la web del PP, sin que pasaran por la sede provincial—, el comité organizador ha introducido requisitos concretos para el breve plazo de regularización de las cuotas: quienes se pongan al día deberán acreditar la titularidad de la cuenta bancaria desde la que realizan los pagos. Guerra insiste en que «desde fuera de Vigo» se tiene «miedo a los votos de los afiliados y quieren ganar en los despachos lo que saben que no pueden ganaren las urnas».

El PP en Vigo ya no tiene un congreso, tiene una guerra abierta.