El PP reacciona a las amenazas de Caballero permitiendo una investigación en el Parlamento

«Queremos transparencia pero tampoco queremos circos», justificó la diputada viguesa del PP, Teresa Egerique, ante la iniciativa lanzada por En Marea y el BNG. La tercera vía elegida por los populares persigue un doble propósito. Por un lado, forzar al alcalde a aportar las explicaciones que hasta el momento se negó a ofrecer dentro del consistorio; y por otro, empujar a los socios del PSOE en las instituciones a que se vean en la tesitura de exigir respuestas al partido que sustentan, sin ir más lejos, en la Diputación de Pontevedra.

La duda, sin embargo, se mantuvo hasta el final. Ninguno de los dirigentes del PP, ni tampoco el presidente de la Xunta, quiso revelar la decisión del partido hasta el día del pleno, el primero tras el regreso de las vacaciones estivales. Solo la portavoz de los populares en Vigo, Elena Muñoz, había reclamado la apertura de la investigación en Santiago, una vez constatado el rechazo de Caballero a hacer lo propio en el Concello. «Llevamos hablado el triple del Marisquiño de lo que se habló en Vigo» , llegó a ironizar Egerique, muy dura contra la política del «carpetazo y mordaza» practicada por el alcalde, al que llamó —entre otros calificativos— «busto parlante», «monologuista», «absoluto charlatán», o seguidor del «estilo Maduro».

En defensa de Caballero salió uno de sus fieles en la Cámara. Abel Losada justificó el ‘no’ de los socialistas a la comisión por una cuestión de respeto a la «autonomía de la administración local». En su intervención, Losada suscribió alguno de los argumentos vertidos por el Ayuntamiento en las últimas semanas: la calificación de la zona colapsada como muelle en lugar de paseo —y como tal, competencia del Puerto—, la presencia del alcalde en el Náutico la noche del accidente, o la comparación del caso Marisquiño con otros temas que se quedaron sin comisión de investigación, como la ola de incendios. Y también se guardó munición para el BNG y En Marea. A los nacionalistas les acusó en intentar hacer en Santiago «lo que no pueden hacer en Vigo o Madrid» y a los rupturistas de abandonar la postura de la no intromisión en las ciudades, muy habitual cuando la polémica salpica a las plazas «rebeldes» de La Coruña, Compostela o Ferrol.

Así, el diputado socialista censuró la «ceremonia de la confusión» celebrada con fines «electoralistas» , y justificó la ausencia de alguna documentación clave en el expediente del festival. «Se autorizó todo aquello para lo que se solicitaron permisos», zanjó. «Hizo un papelón», le espetó Egerique en la réplica.

La abstención final de los populares dejó en fuera de juego algunos de los razonamientos planteados previamente por la oposición. La líder del Bloque, Ana Pontón, había denunciado una supuesta «pinza de la ocultación» entre PP y PSOE que finalmente quedó en entredicho. Sus críticas, con todo, también se dirigieron a la «bochornosa pelea» entre la Xunta, el Puerto y el Concello, a quienes atacó por gestionar la zona «sin mover un dedo para evitar el deterioro».

En la bancada rupturista, Luís Villares explicó los motivos que justifican la constitución de la comisión —especialmente por la aplicación de reciente la ley de espectáculos públicos de Galicia— y diferenció la vía judicial de la política para depurar responsabilidades en el accidente. «Una cosa es que sea delito y otra que esté bien», precisó el magistrado en excedencia.

Por delante queda un largo camino por recorrer para hacer efectiva la segunda comisión de investigación sustanciada durante la legislatura:la primera, en realidad, si se descuenta la reapertura de la comisión sobre las cajas de ahorro. Ahora los grupos parlamentarios tendrán que fijar una fecha para la constitución del órgano y el reparto de puestos en la Mesa, donde está por ver qué papel juegan En Marea y el BNG, minoritarios —suman solo 20 de 75 escaños—, pero promotores de la iniciativa.

Después llegará la elaboración del plan de trabajo y la lista de comparecientes. A ese respecto, fuentes parlamentarias consultadas por ABC, explican que Caballero estará obligado a acudir si el Legislativo así se lo reclama. En primer lugar, indican, por lo recogido en el reglamento de la Cámara, y en segundo lugar, por el cumplimiento del artículo 502 del Código Penal, que castiga el absentismo en una comisión de investigación en las Cortes o en un Parlamento autonómico con un delito de desobediencia. En caso de «autoridad o funcionario público», además, la ley prevé la suspensión de empleo y sueldo durante seis meses.