Pilar de Lara pide al Supremo que anule su sanción por excesiva e injustificada

En su recurso, al que ha tenido acceso ABC, su abogado reproduce muchos de los argumentos ya manifestados durante el proceso del expediente sancionador incoado por el CGPJ o la petición de suspensión cautelar de la sanción al propio Supremo, que fue finalmente desestimado. En esencia, De Lara habría sufrido una evidente indefensión al negársele durante la incoación del expediente el testimonio de varios testigos —funcionarios e investigadores— que demostrarían su absoluta dedicación al juzgado, vaciando así de contenido la acusación de grave desatención que ha motivado su sanción.

De nuevo, la defensa de la juez se desentiende de los retrasos en las instrucciones —constatados en causas que acumulan años sin cerrarse, piezas sobre las que se inhibía pero sobre las que seguía ordenando diligencias de investigación, asuntos que se enviaban con varios años de retraso a los juzgados realmente competentes, etc.— y los atribuye a terceros, argumento que el CGPJ no compró.

«Los retrasos imputados no se producen por una actuación que dependa exclusivamente de las funciones de la magistrada», expone el recurso, que habla de «circunstancias extraordinarias» como «la acumulación de escritos por parte de un funcionario encargado de la tramitación de varias macrocausas que era imposible de descubrir por parte» de la juez o «la actuación del Secretario de refuerzo que almacenó atestados sin dar cuenta, exhortos sin tramitar, traspapelando informes o no remitir los procedimientos inhibidos a los juzgados competentes». Todo esto «fue descubierto una vez que cesó» dicho funcionario.

Tampoco faltan en su relato la apelación a la falta de medios técnicos y humanos para el desarrollo de sus investigaciones, o la invocación a las «presiones y acoso sufrido permanentemente» por la magistrada, «que ha llegado a precisar de escolta». También interpreta que la censura que hace el CGPJ a los modos de Pilar de Lara vulnera su actividad jurisdiccional , y que no tuvo en cuenta determinados errores en la contabilización del número de causas pendientes que hizo la Inspección cuando, durante dos semanas, auditó el colapsado Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo.

«Desde un principio puede sospecharse que la finalidad del expediente apunta al propósito de apartar a la magistrada» de su juzgado en Lugo, sostiene Azparren en su escrito, «lo que finalmente se ha conseguido». Esta supuesta mano negra se remontaría a 2014 , cuando el abogado Cándido Conde Pumpido —quien poco después acabaría siendo letrado de José Ramón Gómez Besteiro— envió un controvertido email a De Lara insinuándole ya la existencia de una conspiración contra ella y aconsejándole que solicitara un traslado, para el que ofrecía sus supuestas influencias en el CGPJ.

Azparren también saca su artillería contra la deliberación del Pleno del Consejo , denunciando anomalías como el trámite acelerado con el que «se deliberó una resolución que imponía una de las sanciones más graves que ha impuesto el actual CGPJ en su largo mandato». Según el acta de ese Pleno de 26 de septiembre de 2019, la vocal Concepción Sáez criticó que la resolución por la que se ratificaba la sanción a la juez —redactada y elaborada por la vocal Mar Cabrejas— era «muy floja» y que debía «estar más motivada», y que además le preocupaba su proporcionalidad. Por el contrario, el magistrado Wenceslao Olea replicó que «la resolución está más que suficientemente motivada, al igual que la proporcionalidad de la sanción».

Por mayoría de quince votos a favor y ninguno en contra salió adelante el acuerdo del Pleno que confirmaba la sanción a Pilar de Lara. Tan solo constó la abstención de la vocal Clara Martínez de Careaga, mujer del magistrado del TC Cándido Conde Pumpido , padre del abogado autor del polémico email a la juez lucense.

El letrado Azparren también considera que la sanción es nula por la vulneración de un convenio sobre Derechos Humanos a la hora de conformar el órgano de gobierno de los jueces y, por último, estima que vulnera el principio de proporcionalidad. Este es uno de los caballos de batalla de la defensa de la juez: conseguir que la sanción se minore por debajo de los seis meses —el fiscal solicitaba tres— y así mantener la plaza de titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo cuando remate el periodo de suspensión. «Una sanción tan desproporcionada no tiene parangón en los últimos años», y subraya los perjuicios familiares que produce el traslado a otro destino.