Prevención de incendios

El muro del propietario ausente

Titulares desconocidos, herencias no resueltas o datos incompletos en el catastro complican cada verano la supervisión de las franjas de seguridad ante incendios

Maleza a pocos metros de las viviendas MIGUEL MUÑIZ

ROCÍO LIZCANO

23/07/2017
Actualizado a las 10:11h.

Cada año la situación se repite. Y verano tras verano se acumulan informes policiales que concluyen la «no localización de propietarios» . La ley gallega de prevención y defensa contra incendios forestales, de 2007, establece la obligación de los propietarios de fincas de implicarse ... en la seguridad común evitando el crecimiento de especies de mayor riesgo (pino, mimosa, retama...) en los primeros 30 metros alrededor de las viviendas y ejecutando periódicamente labores de limpieza de biomasa en un perímetro de 50 metros como cordón sanitario en caso de incendio. Los ayuntamientos , según el mismo texto legal, son los responsables de supervisar el mantenimiento de estas franjas de seguridad y, en caso negativo, sancionar a los responsables, asumir la limpieza y repercutir los costes al propietario. No obstante, lamentan los municipios, la realidad es tozuda, y todo lo dispuesto en la legislación se da de bruces con la realidad de muchas fincas. Propietarios no conocidos, herederos dispersos y desconectados del rural, datos catastrales incorrectos o incompletos o desacuerdos familiares en herencias no resueltas, afirman, hacen inviable en demasiadas ocasiones la aplicación de multas y enredan a los ayuntamientos en una tramitación engorrosa para la que carecen de personal suficiente.

«Recientemente el director xeral de Ordenación Forestal apostaba por endurecer la sanciones... Pero es que en la práctica nuestra potestad sancionadora tiene efectos nulos », indica Bernardo Varela, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Allariz. «Sólo la semana pasada tuve dos casos en los que la Policía Local me indica que es incapaz de identificar a los propietarios... hay casuísticas de todo tipo: parcelas de 30 metros cuadrados con 30 herederos dispersos, datos del catastro de propietarios emigrados, requerimientos que enviamos a Suiza y vuelven de vuelta, y todo eso tras mucha tramitación y obstáculos y tiempo de trabajo. Incluso se han dado situaciones paradójicas, en las que los ayuntamientos, después de un procedimiento tedioso, entran a limpiar subsidiariamente y acaban teniendo que indemnizar porque, ahora sí, se encuentran con un informe técnico del propietario que dice que han eliminado carballos u otra especie de valor», apunta el concejal. A mayores, prosigue, se suma la incapacidad de los municipios para supervisar toda su demarcación. «Sólo en Allariz tenemos 92 núcleos con cientos de casas dispersas... Lo más habitual es que las sanciones partan de denuncias de vecinos colindantes que ven en riesgo sus viviendas, porque no damos abasto para inspeccionar todo», señala.

Problema compartido

El relato de Allariz es válido para el conjunto de ayuntamientos. Lo corrobora Alfredo García, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) , quien, además, coincide con Varela, en un resultado «injusto»: los vecinos que tienen sus propiedades en orden pagan sus limpiezas, los que no, esperan a que las asuma el concello y se benefician de los grandes obstáculos que los consistorios encuentran para repercutirles el coste.

«Asumimos el reto por la tranquilidad que nos da a los alcaldes el saber que aunque haya un fuego las casas van a estar a salvo; estamos dispuestos a cumplir, pero tenemos que tener medios. No se puede trasladar una competencia sin recursos », expone Alfredo García, presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp). «Estamos en plena campaña de incendios , ahora no toca, pero necesitamos sentarnos todas las administraciones para encontrar una solución porque si no va ser inviable que tengamos esas franjas de protección limpias», sostiene el presidente de la Fegamp.

Sanciones autonómicas

La Xunta, competente en la imposición de sanciones relativas a plantaciones no autorizadas de especies de riesgo, reduce la magnitud del problema. Desde 2012, informa Medio Rural, la Administración autonómica ha realizado 1.600 notificaciones (995 y tres mil nuevas próximas comunicaciones sólo en lo que va de 2017), valiéndose igualmente de los datos del catastro. «Es cierto que a veces resulta difícil contactar con ellos, pero esto no se produce en la mayoría de los casos», apuntan desde la Consellería.