Luis Ojea - Cuaderno de Viaje

Ley y Estado de Derecho

¿Por qué no se puede ser insumiso en materia tributaria pero sí se permite eludir la obligación de mantener limpios los terrenos forestales?

MUÑIZ

27/05/2018
Actualizado 28/05/2018 a las 13:35h.

Las leyes están para cumplirse. Gusten o no. Aquí y en Cataluña. Todos, ciudadanos y poderes públicos, estamos sometidos al imperio de la ley. Es uno de los pilares básicos que sustentan el Estado de Derecho. Por ello resulta tan sorprendente como grave que muchos ... estén pasándose por el arco del triunfo normas en vigor y las administraciones con competencias de supervisión y sanción miren hacia otro lado. Esta semana que entra, el jueves, termina el plazo prescrito para que los dueños de fincas tengan limpios sus terrenos con el fin de garantizar una mínima franja de seguridad en caso de incendios forestales. Sin embargo, un simple paseo por el rural gallego sirve para verificar que, un año más, el plazo se agotará sin que una parte significativa de los propietarios hayan cumplido con sus obligaciones.

Primer gran problema: los ciudadanos no asumen sus responsabilidades. Segundo gran problema: los poderes públicos, tirios y troyanos, hacen la vista gorda desde hace mucho tiempo en una abracadabrante dejación de funciones. Imagínense por un momento que un ciudadano que considere confiscatorio el sistema fiscal impuesto por las leyes de este país decidiese no presentar la declaración de la renta y no pagase en plazo el IRPF o cualquier otro impuesto. Caería sobre ese desdichado toda la fuerza de la ley y el Estado. ¿Por qué las administraciones, en cambio, toleran que se incumplan otras normas? ¿Por qué no se puede ser insumiso en materia tributaria pero sí se permite eludir la obligación de mantener limpios los terrenos forestales?

Resulta grosero el papel de los concellos en todo esto. La legislación vigente, y no es de ayer a última hora, les atribuye las competencias de supervisión, comprobar que los particulares hayan desbrozado sus fincas, y de sanción, multar a quien no lo hiciese en tiempo y forma. Y prescribe además la norma que, en última instancia, los municipios se encargarán de las tareas de limpieza de forma subsidiaria trasladándole los costes al propietario. Y, sin embargo, nada de esto está pasando. Aducen que no les da tiempo. Lógico, han empezado tarde, muy tarde, varios años tarde. El insumiso fiscal también tendrá la tentación de retrasar la confección de la declaración de la renta, pero ello no lo exime de tener que pagar en plazo. La otra excusa todavía es más ridícula. Dicen que es imposible, que muchas fincas son de propietarios desconocidos. ¿Se han dado cuenta ahora? ¿En qué país creían vivir? ¿Qué han hecho para solucionarlo?

En algún momento, alguien debería ponerse en serio con todo esto. Es necesario y urgente abordar con serenidad y firmeza una amplia y profunda reforma del sistema administrativo. Cada unidad de gestión debe tener claras sus responsabilidades y no debería salirles gratis no ejercerlas. Los ciudadanos no pueden elegir por su cuenta no pagar el IRPF. Carles Puigdemont no puede saltarse el ordenamiento jurídico vigente. Los alcaldes de Galicia tampoco pueden obviar sus responsabilidades. La ley es la ley. Contribuyentes, soberanistas y regidores podrán impulsar su reforma si no les gusta una determinada norma. Ahora bien, mientras esté en vigor tendrán que acatarla. El problema del monte gallego no es que haya más o menos eucaliptos. El problema es que muy pocos cumplen las normas. La diarrea legislativa de este país no arregla ni arreglará nada. Sobre todo, si las leyes que se aprueban no se cumplen ni se hacen cumplir.