Un informe evaluará si el veto a la AP-9 puede llegar al Constitucional

Mientras, en la Comunidad, todas las formaciones siguen vinculadas a la solicitud por un «consenso de mínimos», tal y como lo calificó el portavoz del PP en O Hórreo, Pedro Puy. Los populares son partidarios de pedir el asesoramiento de los letrados y de encauzar el conflicto «a través de las propias vías que marca el Constitucional». El objetivo, conseguir que la Xunta obtenga el control de la vía, no se desmorona, pero el tacticismo de los partidos y la renuencia del Estado a plantear siquiera la transferencia complican la meta.

En la junta de portavoces celebrada ayer, el BNG acudió con dos propuestas bajo el brazo. La primera, en forma de declaración institucional, perseguía la reprobación de Mariano Rajoy y Ana Pastor como «máximos responsables de un segundo veto vergonzoso». La segunda buscaba la firma de los partidos para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal. El resultado: los nacionalistas recibieron una negativa por triplicado. «Si no hacemos nada, estamos consintiendo esta discriminación continua», lamentó la portavoz del frente, Ana Pontón, que reconoció que pedir el auxilio del TC puede ralentizar la resolución del debate.

La primera crítica al movimiento del Bloque vino desde las filas socialistas. Xoaquín Fernández Leiceaga matizó que la reprobación al presidente del Gobierno y la máxima responsable del Congreso le parecía «conveniente», aunque los cauces no fueron los adecuados. El aspirante a las primarias del PSdeG dejó un mensaje velado sobre el protagonismo que el BNG quiere asumir respecto a la transferencia: «La forma debe ser compartiendo, y no impulsando iniciativas singulares que al final dividen, en vez de sumar», aseguró. Los socialistas también están a expensas de lo que dicten los juristas del Parlamento. En cuestión de días, podrá conocerse si la Cámara —como institución— puede presentar un recurso de inconstitucionalidad, o bien, si los diputados a título individual están legitimados para solicitar el amparo del máximo tribunal. En caso de abrirse este segundo escenario, Leiceaga anunció su compromiso de actuar «diligentemente en defensa de los intereses de Galicia».

Desde En Marea, Luís Villares señaló la estrategia nacionalista como una de las «opciones posibles», aunque explicó que su grupo tuvo que rechazarla por ser presentada «de forma unilateral» por el Bloque. El magistrado en excedencia cree que la autopista está sirviendo al Partido Popular para practicar «un juego» entre la organización de Galicia y la de Madrid. «Aquí dicen que sí y allí dicen que no». Además, reivindicó que los rupturistas solicitarán ir un paso más allá y reclamarán que la Autopista del Atlántico sea nacionalizada. «No nos llega con la adquisición de la titularidad, queremos su recuperación para el público», destacó Villares.