La huelga encara el final tras el visto bueno de los sindicatos moderados al preacuerdo

Ahora es el turno de los funcionarios. Tal y como deseaba el Gobierno gallego , serán las asambleas convocadas hoy las que se pronuncien sobre las condiciones del acuerdo y las que decidan, en definitiva, poner el punto y final a una protesta iniciada desde el pasado mes de octubre. Unos 2.700 empleados están llamados a las urnas colocadas en las siete ciudades.

Los términos del documento son casi idénticos a los del pasado 18 de abril, cuando el ala radical del comité dinamitó las conversaciones y la Xunta dio a conocer los acercamientos mantenidos en privado con los líderes sindicales más moderados. Los números, por tanto, se mantendrán invariables: la oferta de subida salarial se seguirá traduciendo en 140 euros al mes para los médicos forenses, 135 para los gestores, 127 para los tramitadores, y 122 para el cuerpo de auxilios. La aplicación de los incrementos —uno de los puntos clave en los últimos meses— será progresiva, de modo que el 50% del alza se activará nada más validarse el acuerdo, con un 30% previsto para 2019 y el 20% restante para el 2020.

Sin embargo, y a diferencia del texto dado a conocer en el pasado, los portavoces de CC.OO, UGT, CSIF y USO sí aceptaron que los planes de recuperación del trabajo se hicieran extensibles a todos los funcionarios , con independencia de que hubieran secundado la huelga o no. El regreso a la actividad tendrá que coordinarse, además, con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y la Fiscalía.

En cuanto a la cláusula de revisión, otro de los aspectos sustanciales de las negociaciones, la Xunta se comprometará a mantener la nómina de los trabajadores siempre por encima de la media de las otras 12 comunidades autónomas más el Ministerio , cumpliendo así la reivindicación que dio lugar al conflicto en otoño y el mandato emanado de una iniciativa aprobada en el Parlamento.

Las primeras reacciones de la Xunta tras el acuerdo fueron de contenida «satisfacción» . El director xeral de Xustiza y uno de los integrantes del equipo negociador, Juan José Martín, apeló a la participación de los funcionarios en las asambleas y señaló que el «enroque» de CIG, STAJ y CUT impidió cerrar un acuerdo con la participación de todos. «Cada uno es responsable de sus posturas y actos», aseveró.

En la misma línea se pronunció Alberto Núñez Feijóo. Instantes después de conocer la noticia, el presidente aclaró que su gobierno sería «leal» a la hora de desarollar los puntos incluidos en el documento , sobre el que dijo deben pronunciarse los trabajadores «sin trampa ni cartón».

Muy crítico con las injerencias de la política en un problema «laboral», Feijóo lamentó la existencia de sindicatos que atienden a «instrucciones de partidos» en lugar los intereses de sus representados. «Espero que queden suficientemente retratados», manifestó desde la sala de prensa del Consello . Las elecciones sindicales se celebrarán en el año 2019.

Mientras, la Xunta confía en contener un posible «efecto contagio» a otros departamentos de la función pública, como la sanidad o la educación.A este respecto, el jefe del Ejecutivo autonómico declaró que ya le «gustaría» poder ofrecer los emolumentos de la Justicia a otros colectivos , pero lo que corresponde ahora es implantar la subida del 8% acordada en Madrid para todos los funcionarios. «Espero y deseo que mantengamos una negociación dentro de los canales del respeto y los canales sindicales, y que la política no se cruce», terció.

Entre el sector pactista del comité confían en que hoy los trabajadores avalen echar el cerrojo a la huelga: «La gente está muy cansada y no quiere que los llevemos a un suicidio colectivo que proponían algunos» , señala una fuente. Muchas negociaciones y desencuentros después, las organizaciones mayoritarias creen que ha llegado el momento de la «democracia» y de que tomen la palabra los empleados, por ello rechazan acusaciones como las de Pablo Valeiras, portavoz de la CUT, y uno de los primeros en censurar el pacto como el «episodio final de una traición digna del imperio romano». «Prefirieron no dejar mal a la administración y pasar por encima de los trabajadores y sus reivindicaciones» , aseveró Enrique Araújo, de STAJ.

La fractura del comité se venía fraguando desde tiempo atrás, pero la mecha que prendió el desencuentro final se produjo el pasado miércoles, la jornada en que los tres sindicatos radicales convocaron asambleas a espaldas de la facción moderada.