El Gobierno advierte a la Xunta que para obtener las competencias del litoral debe cambiar el Estatuto

En declaraciones ofrecidas a los medios tras copresidir la junta local de seguridad de Cambados, con motivo de la LXX Festa do Albariño, Larriba respondía así a las quejas manifestadas por la Consellería. Medio Ambiente sostiene que a otras comunidades sí que le han sido transferidas. «Quiero dejar claro que todas las comunidades autónomas que tienen transferidas estas competencias, las tienen transferidas porque los estatutos así lo contemplan», recalcó la subdelegada del Gobierno, para desmentir que la Dirección General de Costas «otorgue o rechace» esta cuestión. «La Xunta sabe perfectamente que, si quiere las competencias sobre el litoral, lo primero que tiene que hacer es modificar su Estatuto de Autonomía», insistió, según recoge Ep. Es «conditio sine qua non», recalcó Larriba. Una eventual reforma del Estatuto de Autonomía requeriría, según dispone el mismo texto en su artículo 56, la aprobación en el Parlamento gallego por dos tercios (50 diputados), así como la luz verde del Congreso y de la ciudadanía a través de un referéndum.

Por otra parte, la subdelegada del Gobierno en Pontevedra respondió a la Xunta a sus advertencias sobre la supuesta amenaza que suponen las decisiones del Ejecutivo central para la cadena mar-industria , tal y como señaló la conselleira do Mar, Rosa Quintana, durante una visita realizada el pasado 9 de mayo al puerto de Tragove, en Cambados. Larriba explicó que el pasado martes la directora general de Costas, Ana María Oroño, mantuvo una reunión con la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados (Anfaco) y la Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade), para transmitir la «máxima tranquilidad» sobre las concesiones en Tragove.

«Todas las renovaciones y las nuevas concesiones en dominio público marítimo terrestre, un total de 54, se aprobaron hasta el momento sin ningún problema», recalcó la subdelegada, para defender que es «totalmente falso» que Costas «ponga en peligro» estos negocios y pedirle a la Xunta que deje de «alarmar». En esta línea, Larriba insistió en que, en el informe inicial del puerto de Tragove, «Costas deja claro que se trata de un documento que señala por dónde se debe corregir el informe urbanístico», en un proceso que tiene «dos pasos». «Este informe inicial indica los cambios que deben realizarse para que en el informe final se pueda aprobar el plan de usos sin ningún problema», argumentó, ya que «lo único» que solicitó el Gobierno era que el redactor del plan «haga bien su trabajo y especifique claramente la justificación de ciertas industrias en el puerto».

La subdelegada prometió que Costas sacará adelante «todas las concesiones» si los planes del resto de administraciones implicadas «justifican debidamente su necesidad de localización» en el dominio público marítimo terrestre. «Porque así lo dice claramente la Ley de Costas del año 1988 y la reforma posterior que hizo el Partido Popular en 2013», concluyó la subdelegada del Gobierno.