Galicia, en el laberinto territorial

Cuarenta años después, España es otra vez rehén de las disputas territoriales y las comunidades aprovechan el ventanal de los grandes debates de Estado para fijar sus posiciones de máximos . El Gobierno gallego se ha sumergido en la tarea desde el momento en el que Alberto Núñez Feijóo demandó «claridad» por las negociaciones del cupo vasco. Y nada ha cambiado desde entonces. Ayer, el presidente de la Xunta aprovechó su presencia en los actos institucionales de Madrid para subrayar el mismo mensaje: ni oscurantismo para el País Vasco, ni condonaciones de deuda para Cataluña, como advirtió el pasado jueves a Miquel Iceta . «Si los que no pagan al final salen beneficiados, existe un riesgo: que no pague nadie» , afirmó a preguntas de los medios.

Esta vez, Galicia actúa de portavoz de los territorios que no se pueden resguardar bajo la carta de la negociación directa con el Gobierno. Tanto Feijóo, como el presidente asturiano, Javier Fernández, y el castellanoleonés, Juan Vicente Herrera , han afilado el rechazo contra los pactos bilaterales . Aunque en esto, como en todo, hay que distinguir la brocha gorda de las trazo a pincel: la Xunta no está en contra del cupo —«ha tenido más apoyo que nunca», aclaró Feijóo—, únicamente solicita «conocer el contenido del acuerdo».

La reforma de la financiación es uno de esos asuntos complejos, cuya expectativa de apertura genera en sí mismo una escalada de declaraciones entre territorios. «No puede ser que siempre que se habla de financiación autonómica estemos tirándonos los trastos a la cabeza» , reconoció ayer el presidente del Parlamento autonómico, Miguel Santalices. En una entrevista a Europa Press, reclamó caminar hacia un modelo en el que se «financien derechos», y se aplaquen las asimetrías entre ciudadanos de uno u otro lugar.

Los recursos ocupan buena parte del cajón de sastre en el que se ha convertido el debate territorial. Pero escondido detrás de una posible reforma de la Carta Magna, también hay posicionamientos sobre el papel que debe jugar Galicia en un Estado de nueva planta. En ese caso, Santalices cree que la condición de «nacionalidad histórica» no corre peligro . No, mientras el Estatuto de 1981 se siga manifestando plenamente «consolidado».

Pero donde el PP ve estabilidad, la oposición detecta urgencia. Para el BNG, la consecución de un nuevo estatus de nación para Galicia «es un debate que no puede esperar», y menos aún si lo impulsa «el tridente del 155», censuró ayer Ana Pontón, que anunció que los nacionalistas registrarían una ponencia en la Cámara para estudiar «la crisis del régimen del 1978» , y evitar que los gallegos se bajen «del tren de las naciones».

A falta de un posicionamiento como partido, desde En Marea hubo dirigentes que manifestaron la necesidad de adecuar la Carta Magna a la «realidad social», como expresó la diputada en el Congreso, Yolanda Díaz, durante una entrevista en la TVG. El viceportavoz de la confluencia en el Parlamento, Antón Sánchez, fue mucho más rotundo: « 40 años de la aprobación de la Constitución española. Es ya de facto papel mojado . Las nuevas generaciones tienen derecho a construir un nuevo marco legal de convivencia. La evolución democrática indica que los pueblos puedan decidir libremente su futuro», proclamó en las redes sociales el también líder de Anova: la formación que viene poniendo a prueba la cohesión de En Marea respecto al «procés».