Feijóo reclama al Estado que detalle con «claridad» el acuerdo por el cupo vasco

Galicia, de entrada, no se opone al acuerdo bilateral entre el PNV y Rajoy. Pero a cambio exige claridad. Alberto Núñez Feijóo anticipó ayer que su gobierno respeta el concierto, principalmente porque supone «un precepto» protegido por la Carta Magna. «Mientras no haya una reforma, discutir sobre él no me parece que se mantenga dentro de la lealtad constitucional» , matizó el presidente al término de la reunión semanal de su equipo.

El Gobierno gallego, sin embargo, distingue entre lo que supone el concierto —la capacidad del País Vasco de recaudar impuestos— y el cupo —una millonaria compensación por las competencias no transferidas—. Éste último es el que despierta las suspicacias de Feijóo, que recomendó al Ejecutivo de Rajoy que «informara» sobre «cómo una comunidad hace las cuentas directamente con el Estado, porque el resto de presidentes autonómicos tenemos derecho a saber cómo se gasta el dinero de todos ». «Concierto, sí; cupo, claridad», resumió.

El espacio propicio para ello —añadió el mandatario— es la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y el momento es ahora. Con el debate de la financiación territorial abierto en canal y el secesionismo amenazando con turbulencias sobre la economía, el titular de la Xunta expresó que un esfuerzo en aras de la transparencia «sería muy procedente en el actual estado de las autonomías. Siempre lo fue y ahora más que nunca».

Al margen del cupo y de las conversaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado del 2018, los plazos de negociación siguen su curso sin mayores sobresaltos. Los expertos designados por cada territorio elaboraron ya sus correspondientes informes orientativos, al igual que otras entidades como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), encabezada por el especialista y asesor del Ministerio de Hacienda Ángel de la Fuente. El documento, elaborado en base a las recomendaciones consensuadas por el comité de sabios, estima que Galicia perdería entre 397 y 468 millones de euros con el nuevo sistema de financiación , a falta de que la negociación política aborde los muchos asuntos que están pendientes.

La postura de la Xunta es la misma que la defendida en la pasada Conferencia de Presidentes. Mientras el nacionalismo catalán publicita los supuestos desagravios de sus balanzas fiscales y el BNG reclama un concierto propio para la Comunidad, Feijóo apuesta por una financiación inspirada en los «servicios públicos y en las personas» , y no en «los territorios, las reivindicaciones identitarias y los pactos políticos».

El Ejecutivo autonómico sigue convencido de que el mejor cortafuegos contra la insolidaridad es poner cifras al coste efectivo de los servicios. A partir de ahí se repartirían los recursos disponibles, con el objetivo último de reforzar la igualdad de todos los ciudadanos, con independencia del lugar donde residan.