Los «sabios» de la financiación piden armonizar Sucesiones y que las regiones puedan subir el IVA

Sin embargo, aquí sería defícil el acuerdo entre comunidades ya que algunas querrían bajar el tributo y otras se inclinarían por subirlo. La propuesta parte de uno de los expertos nombrados por el Gobierno, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, que ha defendido en numerosas ocasiones esta idea para elevar la corresponsabilidad fiscal de las autonomías con el Estado. El grupo de expertos está conformado por 16 «sabios» propuestos por cada comunidad y ciudad autónoma de régimen común -con la excepción de Cataluña, que no propuso candidato alguno pero que confiaba en la postura del experto de Baleares-. Junto a estos 16 economistas, el Gobierno contaba con cinco expertos en el comité.

Este grupo de «sabios» tuvo el pasado miércoles su última reunión de trabajo, antes de que entregue en unos días el informe a Hacienda. Finalmente, el comité no ha logrado consensuar una propuesta única, ya que el documento que mandará ha recibido una enmienda del experto balear -que por ejemplo, se opone al IVA colegiado-, ni siquiera tiene el aval completo de los expertos del Estado y ha recabado numerosos votos particulares de unas comunidades y otras en cada capítulo , según los intereses económicos y por encima del color político.

El informe no tiene caracter vinculante y el Gobierno, junto a las Cortes y las comunidades autónomas, decidirán hasta qué punto seguir sus propuestas o no. La negociación política se antoja ardua, con un panorama en el que el PSOE, con Pedro Sánchez a los mandos, gobierna en siete comunidades y el PP en otras cinco. Los «sabios» tenían hasta el 10 de agosto para alumbrar el informe. Al final el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo recibirá la semana que viene, antes de verse l as caras con los consejeros regionales del ramo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 27 de julio para fijar los objetivos de déficit de cada región para 2018.

Otra de las sugerencias que incluirá el documento será la armonización del Impuesto de Sucesiones , con la fijación de una horquilla con un tipo mínimo y un máximo a decidir. Eso sí, en las reuniones se ha plasmado algún voto particular contra el establecimiento de un tipo máximo. El Impuesto de Sucesiones es uno de los que mayores diferencias genera entre comunidades según los casos. Varias autonomías gobernadas por el PSOE se quejaron en la última Conferencia de Presidentes del «dumping fiscal» de regiones como Madrid, que bonifica Patrimonio y Sucesiones al 99%. Precisamente, los expertos han acordado una armonización con un máximo, pero no un mínimo, en Patrimonio por lo que Madrid podrá continuar bonificando el tributo al 100% como hace ahora.

Junto a ello, hay tres puntos que han congregado gran división entre las regiones. Uno de ellos es el de las quitas de la deuda autonómica por parte del Estado. Estas fuentes señalan que el grupo de expertos aprobó la no condonación de deuda como postura mayoritaria, si bien se han emitido votos particulares a favor y en contra de esta postura . Comunidades como Valencia, la que más ha aprovechado los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) durante la crisis han defendido esta postura. Su argumento es que han tenido que endeudarse por la propia falta de financiación intrínseca del sistema hacia ciertas regiones como Valencia, Murcia o Cataluña , que no podrían haber prestado los servicios básicos. Las que no han recurrido a estos préstamos con tanta intensidad, se han opuesto a reestructurar la deuda porque supone un incentivo perverso para las comunidades saneadas. Hacienda decidirá.

Otro punto de fricción es el del mantenimiento del statu quo, es decir, la línea roja que suele contar todo modelo de financiación autonómica: que ninguna comunidad pierda recursos frente al anterior sistema. Fuentes conocedoras de las reuniones apuntan que el documento que se entregará a Hacienda abre la puerta a eliminar esta cláusula, lo que permitiría que algunas regiones perdieran recursos y que el modelo repartiera financiación según la población ajustada de cada región. Cinco representantes -los de Castilla y León, Aragón, Extremadura, La Rioja y Cantabria-, junto a un experto del Estado han votado en contra del informe en este punto: apoyan que se mantenga el statu quo. Este capítulo divide a las regiones con tendencia a perder habitantes -que defienden que la dispersión y la despoblación conllevan gastos extra- y las que no.

Los otros capítulos de disensión han sido el principio de ordinalidad, es decir, que las comunidades que más recursos generen sean las que más financiación reciban. El PSOE defiende desde su declaración de Granada en 2013 este capítulo, pero entre las autonomías no hay consenso. También hay división en la nivelación, esto es, que las regiones reciban los recursos suficientes para prestar los mismos servicios públicos a sus habitantes, de forma que no haya desigualdades -más allá del régimen foral de País Vasco y Navarra -.

Tras el debate entre expertos, la reforma saltará a la arena política. El modelo actual data de 2009, y en 2014 se debería haber abordado un nuevo sistema pero, en palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, entonces «no había recursos» pero sí mayoría absoluta y el PP gobernaba en la mayoría de autonomías. Ahora la situación es diferente.