Feijóo deja en manos de la oposición cerrar una postura común sobre la financiación

Es el primero de los cuatro capítulos que Feijóo propone someter a diálogo. La Xunta está dispuesta a «adquirir un compromiso de transparencia» para informar al Parlamento del desarrollo de unas negociaciones complejas. Si es aceptado, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asumiría cada seis meses la encomienda que ayer le correspondió al jefe del Ejecutivo gallego: informar del grado de cumplimiento de los acuerdos y cómo se están velando los intereses generales de Galicia en cuanto a sanidad, dependencia, demografía o educación.

El tercer punto pasa por modificar el reglamento del Observatorio Galego de Dinamización Demográfica para que puedan entrar en él los cuatro partidos con representación en el legislativo. El primer paso para que, una vez dentro, comiencen las conversaciones para trazar una futura Lei de Impulso Demográfico. Compatible, se entiende, con la voluntad del Gobierno central y las autonomías de cerrar una Estrategia nacional contra la crisis demográfica. «Por primera vez —ahondó Feijóo— se recoge la trascendencia del problema demográfico y cómo abordarlo de manera coordinada en todo el país». Aprovechando la introducción «in extremis» de la lucha contra la violencia de género en la relación de pactos de la Conferencia, la Xunta deja ver su mano tendida para abordar una postura «única y conjunta» que trasladar a la mesa donde se sentarán el resto de comunidades y el Estado.

«Fue un acierto», calificó el popular, hacer que la agenda de Galicia fuese escuchada por una buena parte del poder político de España en un foro atípico, al menos de momento. Bajo su perspectiva, la delegación que lideró en el Senado logró que se trataran «con altura de miras la sanidad, la dependencia y los problemas demográficos » que padece con especial virulencia la Comunidad.

El hecho de dar un paso tan importante como insuficiente, como perfiló en su intervención, requiere mantener por un lado «una actitud vigilante y exigente» y una «voluntad de diálogo con el Estado». Prueba de ello es que el ejecutivo de Mariano Rajoy accedió a que el cómputo del gasto sanitario en la financiación autonómica figurara explícitamente en el texto final de la cumbre. En correspondencia con esa «manga ancha» con Galicia, Feijóo se caló el traje de antítesis del soberanismo catalán para criticar que la Generalitat se ausentara del foro para buscar la «política unilateral». «Los nacionalistas tienen un planteamiento simpático: por la mañana se independizan de España y por la tarde piden créditos para llegar a fin de mes», espetó a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón en la réplica.

El presidente gallego insistió en la idea de que el próximo sistema para repartir los recursos «será de todos o no será». Y aquí cada uno tiene su propia interpretación. A la «estabilidad, solidaridad y sostenibilidad» que exige la Xunta, se suma la obligación de ponderar como es debido el gasto en los sistemas públicos de salud. «Solo habrá acuerdo si la sanidad es abordada con la seriedad y el rigor que se necesita» , destacó Feijóo, que ha hecho de este punto una cuestión de gran relevancia política para su gestión. La urgencia se la dan los datos. Por ejemplo, la autonomía gasta tres veces más en medicamentos que en las universidades.

Los tres grupos de oposición —En Marea, PSdeG y BNG— corrieron a desacreditar lo que el PP interpreta como un triunfo preventivo, a la espera de entablar las primeras negociaciones.

El portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga , fue el más gráfico al acusar a la Xunta de hacer «mucho ruido y pocas nueces» . Su homólogo en el grupo popular fue rápido en la respuesta: «Este ha sido el nogal que más nueces ha dado», aseguró, por lo prolífico de los acuerdos. El PSdeG-PSOE lamentó que no se diera protagonismo a la obra pública o al autogobierno: «No hay ninguna referencia al AVE, a las transferencias [de competencias] pendientes o al fondo de compensación entre territorios», radiografió Leiceaga.

En Marea y el BNG buscan variar el estatus de relación de Galicia con el Estado. Luís Villares achacó al PP su visión de una Galicia «menguante» y la «maleta ligera», vacía de propuestas, que según el magistrado llevó Feijóo al Senado. «Nosotros no queremos recursos para un paciente terminal, queremos la cura. Queremos soluciones para los problemas de Galicia».

La responsable del grupo nacionalista, Ana Pontón, fue igualmente escéptica: «No creemos que las soluciones para nuestro país pasen por reuniones en el Senado» . El BNG defiende la negociación bilateral con el Estado, en base a los resultados cosechados por Cataluña y el País Vasco en las últimas décadas: «A Galicia le fue mal diluyéndose en el café para todos», concluyó la portavoz.