Expertos piden que el Pazo de Meirás pase a formar parte de Patrimonio Nacional

Según la reconstrucción histórica de los hechos, hay varias anomalías formales en el modo en que Franco adquirió la propiedad del pazo . Por ejemplo, no consta escritura pública de la compra que la Junta pro Pazo del Caudillo —el grupo de notables coruñeses que ideó y realizó la donación de Meirás al dictador en 1938— hizo del inmueble a los herederos de Emilia Pardo Bazán, un requisito para que la operación tuviese validez legal.

Los expertos consideran además que la posterior compraventa que hace Franco del Pazo a los herederos en 1941 es «simulada», puesto que estos ya no eran propietarios del inmueble, y el dictador llevaba tres años disfrutando del mismo. «Todo parece indicar que es un contrato sin causa (...), una venta efectuada por quien no era propietario y delante de una compra por quien, a título de jefe de Estado, ya había aceptado el bien previamente mediante una donación previa» . La consecuencia de la simulación «es la nulidad radical del negocio», según la jurisprudencia del TS, y además no se encontraría prescrita, por lo que podría ser reclamada en tribunales.

La razón de esta maniobra habría sido «eludir la incorporación» de Meirás «al Patrimonio Nacional» —según una Ley de 1940 aprobada por el propio régimen franquista— y hacerlo de ese modo «a su patrimonio particular». El informe, prolijo en detalles, apunta cómo las administraciones públicas dedicaron fondos públicos a «la adquisición, ampliación, mantenimiento, adecuación y conservación» de Meirás entre 1938 y 1975 .

Ello, sumado a que fue utilizada como residencia veraniega de Franco, lugar para la celebración de Consejos de Ministros y recepciones oficiales, lleva a los expertos a pensar que «nos encontramos delante de un bien de titularidad pública» . Esta incorporación al Patrimonio Nacional podría exigir una reforma legislativa, admiten.

Los juristas del grupo de expertos tampoco ven margen para que los Franco aleguen la usucapión como forma de adquisición de la propiedad , porque siendo cierto que han detentado durante cerca de cuarenta años la posesión del Pazo, entienden que no lo han hecho ni con buena fe ni con justo título, al mediar esa simulación en la compraventa.

Si bien el dictamen no explicita el procedimiento concreto para la reversión de Meirás a manos públicas, sí reconoce que la acción civil «podrá ejercitarse en cualquier tiempo» por parte de «las instituciones gestoras del Patrimonio Nacional» . La Diputación tiene previsto aprobar una moción en próximos plenos para instar a esta sociedad pública —con la que además se reunirán— a que inicie el proceso.

La venta de Meirás se les complica a los Franco.