El exlíder del PSdeG se querella contra la juez por prevaricación

En un escrito de 34 páginas al que ha tenido acceso ABC, la defensa de Besteiro carga con dureza contra el desempeño profesional de la juez y explica que ha esperado a que abandonase sus cargos públicos «para que no pueda interpretarse como apresurada o precipitada, o en un ámbito que no sea el que exclusivamente le es propio, el jurídico penal ».

El argumento central de la abogada del exlíder socialista es el que ya se había trazado desde que se conociesen sus imputaciones: el hecho de que supuestamente los viajes y gastos que se le imputan y que centraron la atención mediática acontecieron en una época anterior a que Gómez Besteiro ocupase la presidencia de la Diputación, cuando este cargo lo desempeñaba el popular Francisco Cacharro Pardo, fallecido el año pasado. En la denuncia se acusa a Pilar de Lara de «ocultar cuidadosamente las fechas de emisión de las facturas, pero no así su importe, de tal modo que se ve el gasto, pero no que Gómez Besteiro nada tenía que ver con él». «Imputa primero y después busca indicios», reprocha.

A la luz de lo expuesto, para la defensa del socialista, la actuación de la juez crea un «gravísimo efecto doble »: de una parte, «se imputa a un inocente» y, de la otra, «se deja de imputar a quien podría ser autor». En este sentido, aunque reconoce que Cacharro ya no podría ser procesado, sí entiende que se podría señalar a miembros de su equipo, como ha acontecido con los de Gómez Besteiro.

La letrada de Besteiro apunta directamente a una intencionalidad clara en las actuaciones de De Lara , pues señala que todas las que se produjeron contra su defendido acontecieron en «hitos de su actividad política», concretamente cuando su nombre sonaba para ocupar un puesto de senador y, más tarde, como aspirante a la presidencia de la Xunta. En el mismo sentido, recuerda el « empecinamiento » de la juez en creer que «cualquier actividad política es per se corrupta», o la gran cantidad de cargos públicos a los que ha imputado en los últimos años de todos los colores partidistas y la «actitud ciertamente hostil» que ha tenido con ellos, al involucrarlos en procesos con largas instrucciones que nunca llegan a concluir.

La respuesta a esta actuación se conoció ayer cuando la juez ordenó una nueva visita a la sede de la Diputación de Lugo. De Lara envió a varios agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros para notificar una solicitud de documentación procedente de un auto fechado el 10 de marzo. La instructora pide que se certifique la identidad y los puestos de trabajo de todo el personal que haya prestado servicio en la unidad del programa KM0, « especificando el período temporal », las «funciones» de cada trabajador y la «forma de acceso a los puestos». También pide la instructora que se especifique «quiénes han sido» los «superiores jerárquicos» de esos trabajadores.