La defensa de Orozco reprocha a De Lara que mantenga abierta una «causa general» contra el exalcalde

En su recurso, el letrado de Orozco considera que la intención de la juez de «apurar la instrucción» sea más bien «alargarla innecesariamente, con actuaciones, a veces, prospectivas, en la búsqueda sistemática de delitos, indagando sobre hechos distintos de los investigados , a fin de tratar de encontrar alguna irregularidad en esos nuevos hechos», esto es, una causa general «que se halla totalmente proscrita en nuestro ordenamiento en la medida en que vulneran el derecho a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías procesales».

En el auto de denegación de sobreseimiento, De Lara introducía curiosas apreciaciones acerca de la interpretación de los informes de Vigilancia Aduanera. Ante el hecho constatado por los agentes de que ni Orozco ni su mujer habían incrementado su patrimonio -bajo la sospecha de que el grupo Vendex pagaba mordidas a políticos para obtener contratos públicos en ayuntamientos-, la instructora replicaba que «se excluye la posibilidad del blanqueo de capitales pero no el cohecho», dado que quien recibe mordidas «no es habitual que las ingrese en una cuenta bancaria» , una conducta «negligente». Para la defensa, esta respuesta de la juez «se trata de una especulación huérfana de sostén indiciario , que tendría cabida solo en el ámbito de la rumorología».

La instructora basaba su rechazo a la desimputación de Orozco al hecho de que estaba pendiente de recibir en su juzgado una serie de informes de Vigilancia Aduanera relativos al caso. Sin embargo, la defensa del exalcalde le recuerda que en las últimas sesenta notificaciones del proceso y los seis informes más recientes aportados no hay una sola referencia al citado político. El letrado atribuye a la juez el ánimo de «seguir buscando delitos, con independencia que de que no exista el más mínimo indicio incriminatorio» .

La representación legal de Orozco -que recae en el abogado Gregorio Arroyo- aprovecha para meterle el dedo en el ojo a Pilar de Lara contextualizando alguna de las apreciaciones que hace en su auto de negativa del sobreseimiento. Por ejemplo, reproduce afirmaciones del juez de apoyo de su mismo juzgado, José Luis Deaño -quien desimputó al exalcalde en la pieza de la Fábrica de la Luz , otra investigación iniciada por Pilar de Lara-, para recordarle que las posibles irregularidades de las administraciones públicas no son carne del ámbito penal, sino que se dirimen en el orden contencioso. Y, de paso, le afea a De Lara que afirme que «afortunadamente contamos con pruebas indiciarias que permiten constatar la comisión de los delitos anteriormente apuntados y la presunta participación» de Orozco. «El entusiasmo en la persecución de mi representado debería quedar al margen, o al menos, solapado» , replica Arroyo.

De Lara mantiene imputado a Orozco en el «caso Pokemon» por entender que recibió dinero de Cechalva -una empresa del conglomerado Vendex- a cambio de conseguir el contrato de la grúa en Lugo. El sostén de la acusación es una afirmación de uno de los socios de la empresa, el asturiano José Luis Álvarez -convertido por la juez en uno de sus testigos protegidos, dada la colaboración prestada- que en 2012 apuntó a que Orozco podía cobrar mordidas, afirmación de la que se desdijo en 2015 ante la instructora. Estos supuestos pagos fraudulentos han sido negados por el resto de imputados y testigos , señala la defensa de Orozco, para la que tampoco hay indicios o prueba alguna que los sustenten.

Del mismo modo, subrayan que Orozco no tuvo participación alguna en el proceso de adjudicación del servicio de grúa ni en la concesión de la licencia de instalación y apertura del negocio, en el que De Lara parece ver «una flagrante falsedad documental» fruto del «trato de favor» que se le proporcionaba.

En otro apartado del recurso, la defensa de Orozco reprocha a la instructora la interpretación que hace de una serie de llamadas telefónicas entre Orozco y varios de los testigos e investigados en la causa, por entender que carecen de «contenido delictivo» pese a lo que se «pretende criminalizar la conducta» del exalcalde. A su juicio, no hay elementos indiciarios de hechos delictivos, pero la juez introduce «la sospecha».

Además del supuesto cobro de 2.000 euros por parte de Cechalva que De Lara atribuye a Orozco a cambio de la concesión de la grúa de Lugo, la juez afeó en su escrito que el exalcalde incurriera en una contradicción al negar en una de sus declaraciones hacer recibido un regalo de la empresa en las navidades de 2008 . Se trataba de un jarrón Versace valorado en 170 euros (IVA incluido). La defensa recuerda que dicho jarrón fue donado al Concello de Lugo, donde permanece expuesto. La propia De Lara, en la causa de los Vega Sicilia desgajada de la «operación Condor», reprochaba a diversos políticos haber recibido vinos de alta gama, estableciendo en los 400 euros el umbral de lo moralmente aceptable. Llegó a elevar al TSXG una exposición razonada para que se investigara a Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, entre otros aforados. El Tribunal tumbó su pretensión . La Audiencia lo secundó respecto al resto de acusados.

Por último, De Lara persigue a Orozco por un supuesto delito de tráfico de influencias al mediar con dos concesionarias para que buscaran un empleo a dos personas «que atravesaban grandes penurias personales y económicas» , recoge la juez en su auto. «Los supuestos motivos humanitarios no pueden ser tomados en consideración , puesto que desgraciadamente son cientos de miles de ciudadanos los que se encuentran en la situación de aquella familia, pero no gozan de los contactos necesarios para poder solucionar su desempleo», reprocha la instructora. Pero la defensa sostiene que «no se contrató a nadie» .

La pelota está ahora en el tejado de la Audiencia Provincial, que en anteriores ocasiones ha evitado pronunciarse acerca de la desimputación de investigados en las piezas de De Lara, alegando que no era el momento procesal oportuno.