La defensa de Miñanco: «Un juicio así no se puede preparar en un calabozo»

El origen de este conflicto que estalló al final de la sesión y que el letrado Gonzalo Boye calificó de «inaudito» en los pasillos de la Audiencia de Pontevedra es la resolución de una cuestión de competencia al inicio de este proceso, que dura ya nueve años. Según Boye, dos de los miembros del tribunal participaron en su día de la decisión que envío la causa al juzgado de Cambados por entender que había «indicios de criminalidad» . Un motivo, incide, más que suficiente «para que se hubieran abstenido, como educadamente propusimos».

No fue de la misma opinión el juez encargado del caso, que tardó menos de una hora en echar por tierra todos los intentos de las defensas de Miñanco y de los otros cuatro encausados —su exmujer, su hija, una cuñada y un presunto testaferro— por paralizar el juicio argumentando que los supuestos delitos estaban prescritos. Tampoco le sirvió como excusa al juez que las defensas se amparasen en que esta causa era «prospectiva» y atentó contra el principio de presunción de inocencia. «El tribunal decide no abstenerse, la petición de la anulación por defectos procesales es extemporánea, no consideramos que hubiese prospección y el tema de la prescripción se ampliará en la sentencia», zanjó el magistrado para poner fin a la ronda de cuestiones previas y dejar listo el juicio para la fase de interrogatorios.

La sección segunda pontevedresa no atendió, de igual modo, la denuncia interpuesta por Boye a propósito de una presunta vulneración del derecho de defensa en el caso de Miñanco. El letrado del narco de Cambados se quejó de que el pasado fin de semana no lo dejaron entrevistarse con Miñanco en A Lama tras su traslado desde la prisión de Alcalá Meco y de que sus encuentros se limitaron a una breve reunión en los calabozos de la Audiencia en la mañana de ayer. « Y un juicio así no se puede preparar en un calabozo» , incidió ante los medios a su salida de la sala. El juez le recordó a Boye —que tiene entre sus clientes a los exconsellers independentistas Meritxell Serret y Toni Comín— que este derecho sí se respetó porque la fecha de juicio «se conoce desde hace dos meses», por lo que en este caso la queja tampoco prosperó.

Aprovechando el trámite de las cuestiones previas, y con Miñanco a punto de subirse al estrado, Boye también cargó contra el fiscal, al que le afeó que buscase «por todas la vías» sentar a su cliente en el banquillo. En esta línea, aseguró que el hecho de que su cliente «tenga unos antecedentes no significa que no tenga derechos» y espetó un sonoro «no admitiremos jamás culpabilidad».

Entre la lista de denuncias relatadas por la defensa del cambadés figuraron también los últimos traslados de prisión que ha vivido Prado Bugallo al que, en palabras del letrado, «han tenido viajando por media España y su salud se ha visto comprometida». Estos movimientos coinciden en el tiempo con la detención de Sito Miñanco hace tres semanas en una nueva macrooperación antidroga desarrollada en varios puntos de España y en la que resultaron heridos tres agentes de la Policía, entre ellos un GEO, al que le alcanzó una bala.

Sito Miñanco, que ha pasado veinte de sus sesenta y dos años entre rejas , se encontraba en semilibertad desde abril de 2015 y trabajaba como responsable de seguridad de una empresa de aparcamientos en Algeciras. Sin embargo, y pese a haber manifestado su arrepentimiento ante juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional a cambio de la obtención de la semilibertad, los investigadores creen que en realidad dirigía desde la sombra una banda de narcotraficantes dedicada a introducir cocaína en España y a blanquear dinero.

El juicio por blanqueo de capitales contra Miñanco, su exesposa, una de sus hijas, su cuñada y un empresario amigo se retomará, previsiblemente, mañana. Se espera que el narco responda a las preguntas de su defensa a propósito de la gestión de la inmobiliaria San Saturnino , en el punto de mira por supuestamente blanquear diez millones de euros entre 1988 y 2007. La agencia se hizo —según la versión de los investigadores— con un multimillonario patrimonio compuesto por más de 50 fincas, una veintena de casas, naves industriales, bajos comerciales, garajes y trasteros, utilizando el dinero derivado de las actividades ilícitas de Sito Miñanco. El fiscal solicita el comiso de todas las propiedades y la clausura definitiva de la inmobiliaria. Pide para cada acusado seis años de prisión y la devolución de los diez millones de euros.