A la derecha, los dos acusados del «caso Cuñada», el funcionario Orúe y el empresario Comesaña (dcha.). A la izquierda, el denunciante, Carlos Fernández Armada
A la derecha, los dos acusados del «caso Cuñada», el funcionario Orúe y el empresario Comesaña (dcha.). A la izquierda, el denunciante, Carlos Fernández Armada - MIGUEL MUÑIZ
GALICIA

Nadie sabe quién enchufó a la cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra

Un juicio en Vigo dirime cómo acabó una familiar de Carmela Silva, concejala viguesa y mano derecha del alcalde Abel Caballero, contratada por una concesionaria municipal a la que apenas fue a trabajar pero por la que cobró 100.000 euros.

SANTIAGOActualizado:

El enchufismo, a juicio en Vigo. Vanesa Falque fue contratada por una concesionaria del Ayuntamiento vigués —gobernado por el socialista Abel Caballero— en junio de 2008. Estuvo cobrando de esta empresa hasta julio de 2013, en que remató la concesión. En estos cinco años percibió unos 108.000 euros netos de salario, en teoría por dar un servicio de atención al público en unos centros cívicos. Pero era eso, solo la teoría. Porque sus propias compañeras advirtieron que a trabajar fue poco, aunque cobraba religiosamente cada mes. Y por las dependencias de la empresa tampoco se la veía. «Tú no sabes quién soy», dice una extrabajadora que le espetó una vez que le llamó la atención. Efectivamente, era la cuñada de la actual presidenta socialista de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y en aquel momento mano derecha de Caballero y una de las referentes del partido en la ciudad. Estos días se juzga en Vigo su enchufe a dedo, pero tras las primeras declaraciones en la Audiencia Provincial, nadie parece saber quién la colocó ahí.

El juicio llega condicionado por la falta de responsables políticos en el banquillo. Solo se sientan en él el administrador de Imesapi, la concesionaria que contrató a Falque, y un alto funcionario del Concello, Francisco Gutiérrez Orúe, que se ha convertido en una suerte de cortafuegos para que el caso no siguiera ascendiendo en el escalafón jerárquico hasta el gobierno municipal de Abel Caballero. Contra ellos la Fiscalía pide penas de hasta ocho años de prisión y veinte de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación y falsedad en documento mercantil. La cuñada esquivó la imputación al considerar la juez instructora que su supuesto tráfico de influencias estaría prescrito, aunque está llamada a prestar declaración como testigo. Pero esto también es en teoría.

Porque Falque —que ha intentado por todos los medios evitar el paseíllo y la exposición mediática alegando a través de un sucintísimo informe de un psiquiatra que atraviesa un cuadro depresivo— no se presentó el martes ante el tribunal a pesar de que estaba citada. Y este miércoles ha vuelto a saltarse el mandato imperativo de la Audiencia, que ya la había advertido de que este desacato podría derivar en una multa de hasta 5.000 euros y una acusación de obstrucción a la justicia. El presidente del tribunal ha ordenado a la Policía que localice a la testigo y la conduzca a la sala. Al filo de la una del mediodía, dos agentes han introducido a Falque en la sala por una puerta trasera, esquivando a los fotógrafos. Sus respuestas a Fiscalía y acusación popular están siendo evasivas. No se acuerda de nada. Ni siquiera de cómo consiguió el trabajo. Mala memoria.

Vanesa Falque, en una imagen de archivo
Vanesa Falque, en una imagen de archivo- EFE

El empresario Ramón Comesaña reconoció en su declaración que fue el funcionario quien le dijo que tenía que contratar a Falque, pero que en realidad la trabajadora apenas se dejó ver por las oficinas de la empresa diez días durante los cinco años de su relación laboral. Eso sí, dado que él no necesitaba a esta persona, advirtió al Concello que su coste se facturaría a mayores. «Ojalá no hubiésemos firmado ese contrato nunca», se lamentaba Comesaña durante el primer día del juicio.

Según la Fiscalía, concesionaria y concello urdieron una trama de facturas «mendaces» para costear el salario de Falque, que se justificó en base a unas supuestas encuestas de calidad. La cuñada habría hecho mil consultas telefónicas... en nueve días. Durante la instrucción, los peritos estimaron que habrían hecho falta seis personas en ese tiempo para poder completar todas esas encuestas. La defensa de los acusados las ha presentado, pero nadie sabe tampoco a ciencia cierta quién las hizo, o si se fabricaron a posteriori para cubrir el expediente.

Para esquivar el concurso público, «se materializaron en un total de nueve contratos menores, entre septiembre de 2008 y septiembre de 2013, con coste total de 108.147,22 euros sin IVA, indicando el importe de las facturas siempre inferiores a 18.000 euros para evitar la adjudicación del servicio mediante otro tipo de procedimiento sometido a los principios de concurrencia, publicidad, competitividad y mejor precio, y asi justificar la nómina y actividad» de la cuñada. En el sumario constan los correos electrónicos de Orúe a Comesaña con las instrucciones para facturar.

Lo más llamativo de todo el caso es la amnesia que se ha instalado en el entorno del gobierno municipal. El concejal socialista Santos Héctor, superior jerárquico del funcionario Orúe, declaró como testigo que no conocía de nada a Falque ni sabía de su conexión familiar con su compañera de corporación. No es esa la opinión del denunciante de la causa, Carlos González Armada, portavoz de la plataforma Xuntos, quien indicó que esta mujer y su familia era bien conocidos en el entorno del PSOE vigués, así como sus relaciones familiares. Una excompañera de Falque manifestó que, tras un encontronazo laboral con Falque, recibió una llamada del jefe de gabinete del alcalde —y actual presidente de la Zona Franca de Vigo, David Regades— en la que le recomendaba que se llevara bien con ella.

La denuncia de Armada y la posterior investigación judicial tienen origen en otra denuncia previa del exalcalde de Vigo Carlos Príncipe, que hizo pública la existencia de una red de supuestos enchufados en el Concello, con más de un centenar de familiares del gobierno repartidos por la administración local. De aquella revelación solo prosperó este «caso Cuñada», aunque está aun por ver que el juicio aclare la principal incógnita: ¿quién mandó contratar a la cuñada de la presidenta de la Diputación?