La Fiscalía archiva la investigación sobre la tragedia de Melilla

No obstante, ha dado traslado al director adjunto operativo de la Guardia Civil de la actuación de varios agentes que lanzaron piedras contra las personas migrantes, por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria. Así consta en el decreto de archivo emitido hoy y firmado por la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez.

Tras seis meses de investigación en la que se ha tomado declaración tanto a personas migrantes como a agentes y tras el análisis de diversos informes, vídeos y audios correspondientes a los hechos del 24 de junio, «los únicos datos oficiales sobre las muertes y sus causas son los facilitados por las autoridades marroquíes«, explica el escrito. Por tanto, son las autoridades marroquíes las que disponen de todos los elementos probatorios (cuerpos de los fallecidos, testigos, migrantes heridos, etc).

Además concluye que "los hechos que determinaron la avalancha sucedieron en territorio marroquí, si bien el amontonamiento de personas se produjo entre ambos recintos fronterizos". Por lo que destaca la "evidente falta de jurisdicción española" para conocer la actuación desplegada por los agentes marroquíes.

En la investigación realizada por la Fiscalía, se asegura que la actuación de los migrantes, entre 700 y 800 personas, «fue en todo momento hostil y violenta, tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles», prosigue. En este sentido, el decreto detalla que iban "provistos de palos, piedras y otros objetos contundentes que lanzaban contra estos cada vez que intentaban acercarse". Así lo habrían confirmado también los pilotos del helicóptero que prestaron declaración, y que "tuvieron que replegarse en varias ocasiones ante la actitud agresiva de los migrantes".

Es por ello que no puede concluirse que la actuación de los agentes intervinientes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente. Descarta además que los botes de humo que lanzaron "produjera invisibilidad total ni supuestos de asfixia entre las personas allí congregadas".

Para la Fiscalía, la causa de las 23 muertes ofrecida por las autoridades marroquíes en el informe dirigido a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos - la asfixia mecánica compatible con una presión- resulta "coherente con la estampida y el aglutinamiento de un número importante de personas en un espacio reducido, combinado con el movimiento de una multitud en pánico".

El Ministerio Público además asegura que ninguno de los agentes actuantes en el operativo tuvo conocimiento de la avalancha producida y de sus fatídicas consecuencias, por lo que en ningún momento supieron que había personas en situación de riesgo que necesitaban su auxilio.

En lo que respecta a las devoluciones, que la Fiscalía cifra en 470, según el decreto, los agentes de la Guardia Civil que lo llevaron a cabo lo hicieron «en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Extranjería y en base a las competencias que legalmente tienen atribuidas para evitar un daño grave, inmediato e irreparable«.