El pleno del dedazo a Delgado: más de tres horas de tensión y reproches

Ni los seis de la AF ni el representante de la independiente APIF debatieron ni votaron para escenificar su disconformidad con la que el día anterior se había tildado de «burda maniobra»; y de los dos de la Unión Progresista de Fiscales que sí participaron, una –Yolanda Ortiz– lo hizo para apoyar a otro de los aspirantes que concurría con Delgado a esta jefatura, Juan Calparsoro, jefe de la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa. El otro fiscal de la UPF, Santiago Mena; la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz, votaron a la exfiscal general, la misma que nombró a las dos últimas para sus respectivos puestos.

La propuesta del fiscal general tiene que ser elevada ahora al Consejo de Ministros, que, en Pleno periodo electoral, llevará a cabo este nombramiento cerrando con Delgado un círculo cuyo trazado inició el propio Sánchez en enero de 2020, cuando la fichó como ministra de Justicia y ella, desde el propio Ejecutivo, creó la Dirección General de Memoria Histórica y atribuyó a la Dirección General de Cooperación Internacional competencias en materia de Derechos Humanos. La ley de Memoria Democrática que vería la luz en 2022 configuraba y otorgaba una serie de funciones a una fiscalía nueva y especializada. Hoy, tres años después del aquel anteproyecto de ley que salió del departamento de Carmen Calvo, es Delgado quien ocupa esta Fiscalía.

Fuentes del Consejo Fiscal no ocultan que el comienzo del Pleno de ayer fue tenso, especialmente al principio, cuando los vocales de la asociación mayoritaria pidieron al fiscal general que excluyera del orden del día la plaza de fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Consideran, y así se lo hicieron ver a García Ortiz, que Delgado puede estar incursa en una causa de incompatibilidad por su relación con el exjuez y abogado Baltasar Garzón.

El artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala que los fiscales no podrán ejercer sus cargos «en las fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable o por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal». En base a este artículo los vocales pidieron que la Inspección Fiscal incoase expediente gubernativo para estudiar si esta causa concurría, pero la solicitud se rechazó.

Como denunció primero el vocal de la APIF, Salvador Viada, en un escrito presentado ante la Fiscalía el martes por la tarde, los vocales de la AF insistieron ayer en el posible conflicto de intereses que puede plantear la relación de pareja que mantienen Delgado y Garzón, que además de su despacho profesional, es presidente de una fundación: Fibgar. Desde su constitución en 2011, señaló la vocal Beatriz Sánchez, esta fundación ha participando activamente en la elaboración de informes ante instituciones nacionales e internacionales sobre materias tales como las supuestas infracciones del Estado español de lo dispuesto en la Convención contra las Desapariciones Forzadas o, ante la ONU, proponiendo investigar y juzgar las desapariciones del franquismo y la no aplicación de la Ley de Amnistía. Y se la circunstancia de que los postulados de estos informes «han sido fundamento de la Ley de Memoria Democrática, hasta el punto de que la creación de la Fiscalía de Sala derive de sus recomendaciones».

A ello se suma, añadió la vocal, que Delgado ha colaborado en actividades de la propia fundación, tanto en su época como ministra como con posterioridad. A su juicio, estas circunstancias revelan claramente la coincidencia entre el ámbito de competencia de la nueva Fiscalía de Sala y el de actuación de la fundación que preside Garzón.

Tampoco aceptó el fiscal general del Estado la petición de abstención en el debate de esta plaza por su relación con Delgado, lo que le recordó el vocal Salvador Viada. Siendo ella fiscal general y García Ortiz portavoz de la UPF –la asociación en la que ella militaba antes de aterrizar en el Ejecutivo– lo trajo de Galicia para nombrarlo jefe de la Secretaría Técnica, lo que implicaba promocionarle a primera categoría y convertirlo en su mano derecha. En solo un año, recordó el fiscal, Delgado promovió también a la mujer de su subordinado a dos puestos de libre designación en la Fiscalía, y cuando cesó como fiscal general dejó a García Ortiz en su propio puesto.

Por eso no resultó extraño que el fiscal general se estrenara en su nuevo cometido nombrando él a Delgado fiscal de sala de lo Militar en el Supremo, lo que suponía el ascenso de su amiga a primera categoría. Como sospechaba ya entonces una parte de la carrera, y como se hizo eco ABC, era la forma de garantizar a Delgado un puesto en la Junta de Fiscales por si la plaza de Memoria Democrática finalmente no era aprobada por el Consejo de Ministros. Finalmente lo fue en el del pasado 25 de abril.

Además de su obligación de abstenerse y de las posibles responsabilidades que se pueden derivar de su decisión de no hacerlo, Viada, recusado ayer mismo por Delgado por «enemistad manifiesta» –recusación que el fiscal general rechazó de plano–, recordó a García Ortiz lo inoportuno de este nombramiento a las puertas de unas elecciones que, además, en función del resultado que se obtenga, pueden ser determinantes para el futuro de esta plaza, por lo que era más prudente esperar. Entre los planes de Núñez Feijóo está derogar la ley de Memoria Democrática, por lo que caería también esta fiscalía.

Asimismo Viada aludió, según fuentes presentes en el Consejo, al daño reputacional que este nombramiento iba a suponer para el propio García Ortiz y para la institución, que, sin quererlo sus miembros, va a entrar en campaña y a ser utilizada políticamente.

Tras las intervenciones de la AF y de la APIF llegó el turno del debate y votación, en los que ninguno de los siete vocales intervino ya como protesta. Ese turno estuvo marcado por los elogios al currículo de Delgado por parte de uno de los dos representantes de la UPF (Mena), de la teniente fiscal y de la jefa de inspección, mientras que el vocal de la UPF apoyó la candidatura de Calparsoro. Tras escucharles, García Ortiz propuso a Delgado como la candidata idónea haciendo hincapié en su brillante trayectoria.