Feijóo reúne a sus portavoces para valorar la respuesta institucional a los pactos de Sánchez

En las últimas horas Feijóo, ha mantenido contactos con algunos presidentes autonómicos «para compartir impresiones acerca del anuncio de los socialistas de comprar los votos de ERC con 15.000 millones de euros».

Según transmiten desde Génova, Feijóo seguirá hablando con los líderes del PP en cada comunidad autónoma para «coordinar las acciones que sean pertinentes que garanticen la igualdad entre ciudadanos sean del territorio que sean». Fuentes del PP explican que ninguna de las comunidades se acogerá a la posible quita de deuda y que cualquier negociación al respecto deberá hacerse dentro del marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

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Feijóo no tiene este viernes agenda pública prevista pero estará en Génova siguiendo la evolución de los acontecimientos. «Una vez que a ERC le ha entregado la amnistía, el servicio de Cercanías, 15.000 millones de euros y la posibilidad de hacer un referéndum en Cataluña, quedamos a la espera de saber qué le entregará a Junts y qué ha pactado ya con el PNV y con Bildu».

Tras la reunión de la Junta de Portavoces, que no lo hacía desde el 19 de septiembre, Cuca Gamarra, portavoz popular en el Congreso, denunció que ninguna de las comparecencias pedidas para hablar de asuntos como la crisis migratoria o la guerra en Israel y Gaza había sido sustanciada. «Aquí solo estamos pendientes de lo que quiera una persona que está fuera de España y no porque se haya ido de vacaciones», señaló en referencia a Carles Puigdemont y sus deliberaciones en torno a la investidura de Pedro Sánchez.

Gamarra denunció que siga sin haber control al Gobierno, pero que sí hubiera tiempo para declarar hábiles los días de fiesta, en previsión de que la próxima semana pueda celebrarse el debate de investidura a pesar de que el día 9 es festivo en Madrid. «El PSOE está dejando que los hilos de nuestra democracia los maneje de manera clandestina un prófugo como Puigdemont», apuntó.

Respecto a la posible petición, por parte de las comunidades autónomas presididas por el PP, de una posible quita de la deuda, al estilo de la que se ha concedido a Cataluña, Gamarra fue clara y remitió al Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Esto es el pago de 15.000 millones a quienes han gobernado mal una comunidad a cambio de su apoyo para la investidura. Es la compra de siete votos con el dinero de todos los españoles. Esto es un absoluto ejercicio de corrupción política. Del mismo modo que la ley de amnistía que no ha sido sometida a unas elecciones ni a un programa electoral es un ejercicio de fraude electoral absoluto

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, elevó este viernes la voz en contra de la ley de amnistía que está lista para registrarse a falta del visto bueno de Junts. «La amnistía supone dar la espalda a todos los españoles que salieron a la calle en el año 2017 a defender la unidad y la convivencia; supone dar la espalda a los policías que fueron agredidos por los terroristas callejeros y también a los jueces que fueron señalados por los políticos separatistas. En definitiva supone dar la espalda a los españoles honrados que cumplen todos los días con la ley aunque no les guste», ha señalado Millán, en una rueda de prensa en la que ha anunciado que acudirán este domingo a la manifestación convocada en Valencia en contra de esta ley impulsada por el PSOE y los independentistas, en la que coincidirán con el PP.

«Esta amnistía parte de la premisa de que nuestro régimen de libertades es ilegítimo y dan la razón a los que se saltaron la ley. Nos están diciendo que los que dieron un golpe de Estado lo hicieron bien y que los demás que salimos a defender a nuestra unidad y convivencia lo hicimos muy mal», ha explicado Millán, quien aseguró que Vox convocará Consejos de Gobierno extraordinarios en aquellas comunidades en las que forma parte del Ejecutivo para ver cómo pueden frenar esta ley.

Por último, Vox anunció que ha registrado sendas iniciativas para que cualquier proposición de ley que llegue al Congreso o al Senado impulsada por un partido que sustente al Gobierno deba hacerlo acompañada de los preceptivos informes, como si fuera un proyecto de ley. «Ya está bien de utilizar las instituciones fraudulentamente con el dinero de todos los españoles», puntualizó la portavoz.