Estupor de jueces y fiscales por la rebaja a dedo de la malversación

Por un lado, porque si el cambio se limita a una rebaja de las penas, se puede quebrar la proporcionalidad del resto de delitos contra lo público. Por otro lado, porque si se trata de crear un distingo entre quien se lucra con el dinero malversado y quien no lo mete en su bolsillo, el impacto puede ser sobre el modo en que el Código Penal persigue ese beneficio en casos análogos. La condena por sustraer un collar, por ejemplo, lo es por robo, al margen de quién se ponga la joya.

Es la alerta que lanzan jueces, fiscales y expertos consultados por ABC ante la puerta que ha abierto el Gobierno a un cambio que permitiría a los primeros espadas del procés y a su infantería salir indemnes de lo que hicieron en el otoño de 2017. Una «desjudicialización» de la situación en Cataluña que beneficia de paso a los condenados por malversar fondos en el caso de los ERE, con José Antonio Griñán a la cabeza, sin necesidad de tener que concederle el indulto. «No se puede modificar el Código Penal, que existe para el interés general, por el interés de unos particulares», advierte uno de los fiscales consultados. Vaticina que los afectados serán, al final, muchos más.

No es sencillo encontrar un dato afinado de condenados por delito de malversación porque distintas administraciones elaboran estadísticas sobre los mismos asuntos pero con sus propios matices. Según el Instituto Nacional de Estadística, al cierre de 2021 constaban en el Registro Central de Penados un total de 83 condenados en firme por malversación, que eran 117 cuatro años antes.

El Consejo General del Poder judicial da un dato más actualizado bebiendo de Instituciones Penitenciarias:40 penados por malversar fondos públicos a 1 de octubre de 2022, pero en Prisiones hacen una advertencia: sus cifras sólo recogen de cada preso el delito por el que se le ha impuesto mayor condena, lo que enmascara la cifra global en este caso. Constan en su sistema 237 reos, incluidos los preventivos, por delitos contra la Administración Pública. Y según la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, la malversación es el grupo más amplio en este tipo de delitos contra lo público: figuraba en el 29% de los asuntos sentenciados el año pasado y en 20 de los 39 escritos de calificación que presentó Anticorrupción.

De sentencias hay otra estadística en el CGPJ aunque con cifras del Ministerio de Justicia. Lo que indica es que entre enero y septiembre fueron condenadas 48 personas por malversación en todos los órganos judiciales.

Pero no son las únicas que habrá que revisar. Las reformas del Código Penal se aplican con carácter retroactivo siempre que vayan en beneficio del reo y sobre condenas en ejecución. Quedan fuera las ya cumplidas o suspendidas. Un caso curioso es el de Julián Muñoz, exalcalde de Marbella y condenado por malversación. Se ha fijado ya un plazo máximo de cumplimiento de 20 años de prisión de los que ha saldado 14. Está en libertad condicional, aunque no extingue la pena hasta 2028. Fuentes de su defensa comentaban ayer que habría que estudiar «en profundidad» su caso si se rebaja la pena, porque se puede beneficiar.

Hay otro caso notorio, el de Iñaki Urdangarín, que fue condenado por malversación entre otros y que está en libertad provisional, aunque su pena no extingue hasta 2024. En función de los términos en que se materialice la reforma, podría haberla saldado ya por completo. En ambos casos queda en el aire la concreción del texto, que puede restringir las revisiones para que no afecten a personas que ya tienen la condicional.

La supuesta rebaja tendría impacto en otras causas, como en las penas impuestas a los cabecillas de la Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Con ellos, alcaldes, concejales y cargo de menor importancia junto a particulares que han desfilado por el banquillo en los últimos años. Este es un delito que comete el funcionario público, pero en el que puede participar quien no lo sea.

Mención aparte, las causas que están en tramitación o al pie del banquillo, como Lezo, Púnica, el 3%, Defex o Aquamed. Destaca el asunto Campus de la Justicia, donde el exconsejero madrileño de Justicia Alfredo Prada va al banquillo por irregularidades en los contratos, una presunta malversación sin lucro propio. Un cambio en el sentido que ayer apuntaba el portavoz de Unidas Podemos Jaume Asens para excluir de reproche penal estos casos, análogos a los de Junqueras o Griñán, le beneficiaría. «No es igual el corrupto que se lucra personalmente que el que no», decía ayer en Antena3 la ministra de Defensa, Margarita Robles. Fuentes de los Juzgados Centrales comentaban que no importa tanto el destino del dinero como el hecho de que quien tenía a su cargo administrarlo, lo hiciese con deslealtad. Más aún, si ese dinero y ese cargo son públicos, porque ese es el bien jurídico a proteger.

Mientras, en Anticorrupción mostraban «preocupación» por ese cambio que dicen, es «peligroso» porque puede romper el esquema del lucro en otros delitos del Código Penal. No lo ven ni pertinente ni necesario y recuerdan que existe la distinción entre la apropiación indebida y la administración desleal, a los que se puede remitir en cada caso. Y aunque inciden en que hay separación de poderes y esta es la voluntad del legislador, lamentan que se despliegue sin escuchar siquiera a los expertos del Consejo de Estado, el CGPJ y el Consejo Fiscal.

No esconden los consultados, en este sentido, su estupefacción. Hablan de «descalabro», de «disfunción» y de «consecuencias», ya no sólo por la revisión de centenares de sentencias que vendrá, sino porque, como decía un catedrático de Penal a ABC, «ya se han desprotegido bastante los fondos públicos en España en beneficio de políticos y funcionarios como para ir más allá».