Estados Unidos alerta de un aumento del antisemitismo en España y apunta a Podemos por ello

El documento señala a la exministra Ione Belarra, dirigente de Podemos, por «organizar un acto en el Parlamento durante el cual los oradores invitados glorificaron el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023 y afirmaron que Israel no tenía derecho a existir».

El informe también alerta sobre el riesgo de matrimonios forzados entre menores inmigrantes, dentro de su apartado sobre posibles vulneraciones de los derechos de los menores. Además, menciona casos aislados de trabajo infantil, principalmente en explotaciones agrícolas y negocios familiares, así como explotación sexual y pornografía infantil.

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Según este documento, que Washington elabora anualmente para evaluar la situación de los derechos humanos en países socios y rivales, el Ministerio del Interior registró 23 casos de agresiones antisemitas en 2023, frente a 13 en 2022. El texto ofrece una visión general sobre libertades civiles, derechos políticos y abusos, y sirve de referencia para el Capitolio y la política exterior estadounidense.

El informe indica que España registró un «aumento significativo del número de delitos de odio antisemitas, de 13 en 2022 a 23 en 2023, lo que supone un incremento del 77%». Es el principal problema que detecta en el país en este ámbito, tras haber criticado en años previos las limitaciones a la libertad de expresión.

En su capítulo sobre España, detalla que los incidentes antisemitas incluyen «discursos de odio en línea y en redes sociales, amenazas de violencia contra personas judías y actos de vandalismo». Además, organizaciones comunitarias expresaron su preocupación por el uso de «consignas que consideran antisemitas» por parte de algunos dirigentes políticos.

Como ejemplo, cita un acto celebrado el 3 de junio de 2024 en el Congreso, organizado por Ione Belarra, en el que ponentes «glorificaron el ataque de Hamás contra Israel» y afirmaron que «Israel no tenía derecho a existir». Belarra fue ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el Gobierno de Pedro Sánchez y es dirigente de Podemos.

Ese día, Unidas Podemos celebró en el Congreso la jornada «Defensa de Palestina y criminalización en Europa», con la participación de Belarra y activistas propalestinos. Entre ellos, Jaldía Abubakra, portavoz del movimiento Masar Badil, defendió el uso de la lucha armada contra Israel, calificó el ataque de Hamás como «valiente iniciativa de la resistencia» y afirmó que «Israel no tiene derecho a existir». También intervino Míriam Ojeda, portavoz de Samidoun —plataforma prohibida en Alemania—, quien respaldó la consigna «desde el río hasta el mar» y rechazó la solución de dos estados.

Belarra, con un pañuelo palestino, agradeció la presencia de las invitadas y calificó sus reflexiones de «muy interesantes». Criticó la posición del Gobierno y de la vicepresidenta Yolanda Díaz por apoyar la solución de dos estados, y denunció que «el sionismo como proyecto terrorista y criminal goza de protección mediática». El acto tuvo lugar en pleno debate internacional sobre Gaza y en vísperas de movilizaciones convocadas para el aniversario del 7 de octubre.

En el ámbito universitario, el informe destaca la creación en mayo de la Red Académica contra el Antisemitismo en España, formada por profesores, investigadores y estudiantes, que ha denunciado un «clima hostil» en los campus. Según sus integrantes, se han producido «incidentes antisemitas, incluido acoso a estudiantes y académicos judíos». El Observatorio de Antisemitismo de la Federación de Comunidades Judías de España advierte de que el problema no se limita a episodios aislados y que existe una «normalización» del discurso de odio.

Además, el informe señala otros problemas y áreas de preocupación. Advierte de que la Ley de Seguridad Ciudadana permite a la policía sancionar a personas por desobediencia incluso si no han cometido un acto ilegal, con multas de hasta 600 euros. Organizaciones como Amnistía Internacional sostienen que esta normativa afecta negativamente a manifestantes, defensores de derechos humanos y periodistas, y recoge casos de ataques públicos de políticos contra medios y reporteros.

También subraya que, aunque la legislación protege la libertad sindical y el derecho de huelga, sindicatos denuncian despidos y no renovación de contratos a trabajadores implicados en actividades sindicales. Critica la falta de inspectores para supervisar el cumplimiento de la normativa laboral, especialmente en la economía informal, que representa el 20,6% del PIB.

En materia de asilo, advierte de demoras prolongadas para obtener cita y presentar solicitudes, con un mercado negro de turnos gestionado por redes criminales. Señala que los solicitantes pueden quedar durante meses en situación irregular, sin permiso de trabajo ni acceso a ayudas.