Íñigo Errejón acusa a Elisa Mouliaá de fraude al elegir una abogada de baja para tapar su «falsa denuncia»

«El deseo del Sr. Errejón era deponer judicialmente en la fecha prevista para ello, el 12 de noviembre, o cuanto antes, a fin de poder ofrecer las correspondientes explicaciones ante el órgano judicial instructor y exponer la realidad de los hechos, que distan mucho de los descritos por la Sra. Mouliaá en su falsa denuncia, y que podrán desvirtuarse con las diligencias de prueba que se practiquen a lo largo de la fase instructora«, dice el escrito, adelantado por LaSexta y al que tuvo acceso ABC.

Conforme argumenta, la incorporación de la letrada, Carla Vall, a la causa es «fraudulenta y viciada ab inicio» porque la abogada obtiene la baja médica el 7 de noviembre «y en esa fecha todavía no había sido designada por la Sra. Mouliaá ni estaba formalmente personada, por lo que la libre elección de abogada se efectúa sobre una profesional que no puede ejercer la Abogacía por motivos médicos y, por tanto, no se puede hacer cargo del procedimiento».

Noticia Relacionada

El juez decreta el archivo provisional de la causa a Errejón por la baja de la abogada de Mouliaá

Carmen Lucas-Torres

«No puede acogerse ni aceptarse la personación de una letrada que está incapacitada físicamente para intervenir en el pleito desde el mismo momento de su personación«, dice la defensa de Errejón que lleva la letrada Eva Gimbernat, para subrayar que en este caso »el fraude de ley y abuso de derecho claman por su evidencia«.

Entiende por ello que «esa búsqueda y elección de letrada ha sido malintencionada, ya que se pretende posponer el inicio de la instrucción a un número indeterminado e insufrible de semanas», especialmente siendo el caso de una persona de amplia proyección mediática.

«Es evidente que designar formalmente, en fecha 11 de noviembre de 2024, mediante poder notarial, a una abogada en avanzado estado de gestación y de baja médica desde el 7 de noviembre, con supuesta previsión de inmediata baja por maternidad, constituye un evidente abuso de derecho y fraude de ley, y vulnera, como mínimo, los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión, a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas; y acceder a la petición de alguien que ni es parte procesal ni acredita un avanzado estado de gestación, el summum del despropósito jurídico», razona.

En su opinión, la «verdadera finalidad» que «subyace» se desprende de las declaraciones que la propia Mouliaá ha hecho a distintos medios, y tiene que ver con «que la letrada organice y coordine, bajo su dirección, varias denuncias conjuntas, y así ganar tiempo» ante «la evidente falta de sustancia de la denuncia que ha originado el presente procedimiento; y el débil y contradictorio relato de la denunciante, según sus innumerables manifestaciones públicas«.

«Estamos ante una situación sin precedentes, con una paralización sine die de la fase instructora. Generar y provocar, a propósito, dilaciones indebidas, en un proceso de esta envergadura mediática y pública, alargando la pena de banquillo del Sr. Errejón, pudiendo elegir entre decenas de miles de letrados que ejercen en toda la geografía española que podrían intervenir de forma inmediata en el procedimiento, evidencian mala fe, fraude de ley y abuso de derecho«, asegura.

En este sentido, argumenta que «esa situación de incapacidad temporal no ha surgido durante la tramitación de la instrucción, una vez personada en forma, sino que su personación está viciada y adulterada, por imposibilidad de intervención procesal desde el inicio». En concreto refiere que no entró formalmente como representante de Mouliaá ante el juzgado hasta el día 11 de noviembre y que su baja médica tiene fecha del día 7. El problema es que el día 6, antes de estar personada y tener la incapacidad temporal reconocida, ya pidió posponer por razón de su estado de gestación.

Para la defensa del exdiputado, «lo que no se puede permitir, con el peligroso precedente judicial que supondría aceptar este tipo de personaciones viciadas ab initio, para dilatar, de forma tramposa, causas penales, es el fraude procesal de personarse con abogados incapacitados para tramitar temporalmente una instrucción desde el mismo momento de su personación«.

Considera que este precedente «podría ser aprovechado, de ahora en adelante, tanto por investigados como por denunciantes (entre ellos, los que temen o están convencidos de que sus denuncias no van a prosperar), para paralizar procesos penales indiscriminadamente. Y así prolongar injustamente penas de banquillo y, en este caso, también penas mediáticas».