La UE evalúa las consecuencias de su mediación para reformar el CGPJ

Según fuentes europeas de toda solvencia, esta es la razón principal por la que en Bruselas se están tomando su tiempo para encarar esta petición de una fórmula parecida a una mediación para intentar desbloquear la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España, que es una de las recomendaciones que aparece de forma recurrente en los informes anuales sobre el respeto a los principios del Estado de derecho en España. «A la Comisión le interesa mucho que se cumplan sus recomendaciones, sin ninguna duda, y en ese sentido este papel podría formar parte de su misión como defensora de los valores europeos, eso está claro», afirman dichas fuentes que, sin embargo, consideran que la misión del Ejecutivo comunitario solo puede ser «facilitar que se pongan en práctica» sus recomendaciones, más que un trabajo de mediación formal entre dos fuerzas políticas.

Los portavoces de la Comisión han reconocido que recibieron la petición de ayudar a España a superar esta situación, pero al mismo tiempo explican que este será un trámite «poco habitual» para lo que es su campo de acción. No sería la primera vez que interviene para tratar de poner de acuerdo a dos países miembros, aunque hasta ahora no se había dado el caso de que Bruselas tenga que inmiscuirse en un asunto en el que podría ser arrastrada a intervenir en una disputa entre el Gobierno y la oposición, porque eso abriría un escenario desconocido y lleno de derivadas tóxicas para las instituciones comunitarias.

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La Comisión Europea está formada por miembros de muchas sensibilidades políticas y toma sus decisiones por consenso, lo que quiere decir que lo último que necesitan es entrar en un caso en el que se enfrentan los dos principales grupos políticos europeos. Por ello, desde la Comisión insistían ayer en privado que la fórmula que se va a utilizar «está por determinar» y que esta se va a ceñir sobre todo al aspecto del cumplimiento de sus recomendaciones, que en el caso de España son la renovación urgente del CGPJ «e inmediatamente» después el inicio de la reforma del método de elección de sus miembros para que «cumpla los estándares europeos». En eso, la Comisión no tiene intención de moverse de estos principios, porque es lo que ha puesto por escrito en su informe sobre el Estado de derecho.

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, según estas fuentes, sigue comprometido en ayudar a que se cumplan esos puntos en España, «como lo demuestran las distintas visitas que ha hecho a Madrid». Se asegura que no le supone ningún obstáculo el hecho de que se perfile como el candidato de Bélgica –su país de origen– para ser el próximo secretario general del Consejo de Europa, que es una organización que no tiene relación orgánica con la Unión Europea, aunque sí que trabaja precisamente en el campo de los valores democráticos. De hecho, la Comisión de Venecia, que asesora al Consejo de Europa, establece los valores que la Comisión Europea asume en el marco del respeto al Estado de derecho. La Comisión de Venecia es el organismo que ha establecido que los órganos de gobierno del Poder Judicial deben ser elegidos por los propios jueces y no por los dirigentes políticos, como ocurre ahora con el CGPJ español. De modo que Reynders en principio tiene de tiempo hasta el final de la legislatura europea, en junio de este año, para tratar de «facilitar» el desbloqueo de la situación del Poder Judicial en España.

Había dudas sobre si debería dejar sus funciones una vez que se proclame candidato, como ya le sucedió a la comisaria de Competencia, la danesa Margarethe Vestager, que optaba a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para la que finalmente fue designada Nadia Calviño. En aquel caso, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, le pidió a Vestager que se alejase del cargo mientras hacía campaña. De Reynders, lo único que se sabe es que antes de que se lanzase este proceso Von der Leyen fue consultada y lo aprobó, por lo que no sería lógico que le pusiera obstáculos.