Estupor y hartazgo en el Poder Judicial tras la ruptura de las negociaciones

En el fondo lo que este nuevo capítulo ha puesto de manifiesto, opinan, es la necesidad de reformar de una vez el sistema de elección de vocales del Consejo para despolitizarlo y dejar de someterlo al «mercadeo» del que hablaba Foro Judicial Independiente el jueves por la mañana, cuando el anuncio del pacto iba a ser inminente.

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La portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, critica la «irresponsabilidad» de los partidos e insta a que cumplan con sus obligaciones constitucionales y «dejen de pensar en clave electoral», que es lo que, a su juicio, ha sucedido en este caso.

La juez cree que ni el Gobierno ni el PP tenían verdadera voluntad de pactar: el primero, porque si no no habría metido «el dedo en el ojo» con la reforma de la sedición precisamente en el momento en el que se estaba cerrando el acuerdo; y el segundo, porque de un tiempo a esta parte empezaba a constatar en las encuestas que este pacto le iba a pasar factura.

En declaraciones a ABC, Del Barco pidió a los presidentes de Congreso y Senado, Meritxell Batet y Ander Gil, respectivamente, en cuyas manos está la renovación, a que se pongan a trabajar al margen del Ejecutivo, a quien la Constitución no atribuye, además, papel alguno en esta tarea.

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Para Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de Francisco de Vitoria, segunda asociación en número de afiliados, esta suspensión de las negociaciones «no deja de ser la consecuencia de un proceso mal desarrollado». «Las negociaciones para renovar el Consejo -dice- tienen que hacerse en el Parlamento de manera pública y transparente, debatiendo sobre los perfiles de los candidatos; y aquí lo que hemos visto es que desde el Gobierno, que no tiene ninguna función constitucional en todo este proceso, se estaba negociando de manera secreta con el PP».

A su juicio, renovar en sí mismo «no arregla nada»; hay que «acomodar nuestro sistema constitucional a las exigencias» que nos hace la Unión Europea en el sentido de modificar el sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial, ahora en manos del Parlamento. «Hemos visto que el PSOE y el PP están actuando en clave electoral y es imposible arreglar nada con estos criterios», apunta.

Por su parte, Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) recuerda que el CGPJ es «una institución fundamental para el gobierno del Poder Judicial» y que el hecho de que esté en funciones «afecta directamente a la ciudadanía, porque los tribunales que tienen que amparar sus derechos están incompletos».

JJpD asegura que el «zarandeo» a las instituciones «resquebraja su fortaleza y afecta a su legitimidad democrática». «Pedimos que se haga un esfuerzo por retomar las negociaciones y alcanzar un acuerdo para reforzar nuestra democracia, renovando el CGPJ. Hay que superar intereses particulares y garantizar los generales, y sobreponerse a las presiones de todo tipo que responden más a coyunturales cálculos electorales que a la búsqueda del bien común», apunta la asociación.

Desde el CGPJ, el presidente suplente, Rafael Mozo, cuyo propio nombramiento está cuestionado por el Tribunal Supremo a raíz de un recurso presentado por un vocal, asegura sentirse «indignado» y califica de «muy grave» la ruptura de las negociaciones, pues «daña el funcionamiento de la Justicia». «Debo decir con firmeza que esto agudiza la crisis en el funcionamiento de la Justicia (...) La crisis institucional es profunda», opinó el sustituto de Carlos Lesmes en el CGPJ en una entrevista radiofónica.