La cúpula fiscal apoya el criterio de no pedir rebajas cuando la pena sea asimilable al 'sólo sí es sí'

El borrador que el fiscal general ha llevado a la Junta de Fiscales, y del que la semana pasada informó ABC, establece que si la pena cuya revisión se ha solicitado está incluida en la horquilla fijada por la ley del 'sólo sí es sí', la condena no debe tocarse. Aunque se trata de una «regla general», el propio texto señala que «cada procedimiento deberá ser analizado individualmente, huyendo de automatismos que impidan valorar las concretas circunstancias concurrentes en cada caso».

La circular recuerda que si bien la realización de actos de carácter sexual con una persona mayor de dieciséis y menor de dieciocho años mediante el abuso de confianza o autoridad serán considerados agresión sexual, los que se produzcan mediante engaño no son ya subsumibles en el supuesto de agresión sexual «sin perjuicio de la posibilidad de reconducir esta modalidad típica a otras figuras delictivas».

En este punto se pide diligencia a los fiscales para que valoren si, al margen de ese engaño, «concurren otras circunstancias que puedan determinar la comisión de un delito contra la libertad sexual». En especial, se prestarán «singular atención» a aquellos supuestos en los que las víctimas se encuentren en una situación de vulnerabilidad, ya sea por su edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, así como a aquellos otros en los que «hubiera mediado remuneración o existiera una relación de verticalidad entre víctima y autor que pudiera restringir o anular el libre arbitrio de su voluntad».

Consciente de que es de aplicación la ley más favorable al reo (al tratarse de un principio constitucional), pero con el fin de evitar rebajas 'a la carta' por la aplicación de preceptos aislados, el fiscal general aboga por que en esa revisión se «tome en consideración la totalidad de las normas aplicables con arreglo a la actual y a la anterior redacción del Código Penal (...) Se aplicará aquella versión que sea en su conjunto más favorable al reo, sin que quepa seleccionar de cada cuerpo legislativo los concretos preceptos que de forma aislada favorezcan al responsable del delito, rechazando los que le perjudiquen«, apunta el texto, de 131 folios.

Por otra parte, la Junta de Fiscales iba a pronunciarse este jueves en un principio sobre la posible prescripción del asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco para la excúpula de ETA, si bien este asunto ha quedado descafeinado después de que el propio fiscal general decidiera hace apenas unos días esperar a «a recabar todo el material probatorio y documental» antes de pronunciarse ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre esta posible prescripción. García Ortiz asume de esta forma el criterio que hace unos meses le llevó incluso a expedientar al entonces fiscal del caso, Vicente González Mota, por negarse a cerrar la causa antes de tiempo.