El veto del PSOE a Vox frena la estrategia común de Mazón para defender la agenda valenciana ante el Gobierno

«Nuestra línea roja es la extrema derecha», ha aseverado Torró. Es Mazón «quien tiene que decidir qué escoge», ha sostenido, tras recordar los ataques a las sedes de su formación en el marco de las protestas por la ley de amnistía. El PSPV no llegará a acuerdos con él mientras «siga normalizando» y siendo «rehén» de Vox, con quien el barón popular gobierna en coalición.

Por tanto, el «acuerdo cero» de los socialistas es una condición inasumible para el jefe del Consell. Afirman que harán el trabajo por su cuenta y ya han remitido una carta a los nuevos ministerios con las necesidades de la región.

Unas declaraciones que han tenido replica por parte de la síndica de Vox, Ana Vega, que también ha pasado poco después por el Palau. Vega ha acusado a los socialistas de ser cómplices del «golpe de estado», que a su parecer, está dando Pedro Sánchez, en referencia a los pactos de investidura, y les ha reprochado que «nunca» han respetado a la formación de Santiago Abascal: «Se nos ha llegado a llamar discípulos de Goebbels y herederos del franquismo». «Si el PSPV se quiere sentar o no es un problema de ellos», ha subrayado.

El documento -consultado por ABC- que el presidente ha entregado a los grupos para que lo estudien incluye, «sin perjuicio de otros asuntos que se quieran aportar», propuestas de ámbito nacional y autonómico. Entre ellas, Mazón plantea crear un grupo de trabajo con diputados de Les Corts y de las Cortes Generales para «la priorización de inversiones» en la región en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

A continuación, se convocaría la Comisión Mixta Corts-Consell para ratificar «la postura autonómica sobre el urgente y necesario nuevo modelo de financiación y la aprobación inmediata por parte del Gobierno de España de la ampliación Norte del Puerto de Valencia».

En el plano regional, el presidente de la Generalitat propone abrir el proceso para renovar los órganos estatutarios con mandatos caducados y designar a los representantes de cada partido en la Mesa del Agua, un «nuevo foro de participación» del que también se les ha facilitado un borrador sobre su estructura y funcionamiento.

De momento, el borrador de ese acuerdo solo contiene la firma del jefe del Consell, a la espera de la del síndic del PP, Miguel Barrachina, que se entrevistará con el líder su partido este jueves, y de la de los representantes de Vox, que han prometido estudiarlo y apoyar a Mazón en los «temas capitales».

De hecho, el PSPV será el único grupo de la oposición que se verá con él. Compromís ha rechazado sentarse a hablar con el presidente porque su propio gobierno «no tiene una posición común sobre la agenda valenciana», al estar Vox en contra de la condonación de la deuda autonómica.

Los acuerdos, ha justificado este miércoles el portavoz de la coalición Joan Baldoví, se tienen que hacer en el Parlamento. Al mismo tiempo, ha lamentado que se propongan pactos sobre las cuentas estatales de 2024 y no sobre las de la Generalitat.

Respecto a la quita, que Mazón pidió que se aplicara a la región tras el pacto PSOE-ERC, Ana Vega ha asegurado que los tres consellers de su partido no se pronunciarán hasta que la propuesta no llegue al Consell, tras incidir en que Vox es un «socio leal».

El borrador de creación de la Mesa del Agua -un texto que también se ha remitido a los grupos indica que este organismo «nace con la finalidad de realizar cuantas gestiones técnicas, económicas e institucionales se estimen necesarias para propiciar soluciones al problema de la falta de garantías en el suministro del agua».

Su Pleno, que se reunirá como mínimo dos veces al año, estará presidido por Mazón y contará con el titular del departamento que tenga las competencias en la materia en ese momento como vicepresidente. En este caso, la consellera Salomé Pradas.

Estará compuesto por catorce diputados autonómicos de forma proporcional a su peso parlamentario, seis personas designadas por Presidencia, ocho profesionales a propuesta de Les Corts, siete alcaldes, diez representantes de los regantes, tres de las Cámaras de Comercio y tres de la patronal.

Además, también estarán representados el Ministerio de Transición Ecológica, las universidades, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la del Segura, las organizaciones agrarias o empresas de abastecimiento. A parte, se formará una comisión de veinte técnicos que les asesorará en la toma de decisiones.