«Primero de todo es España»: denuncian a una administración de lotería por atender a una clienta en castellano

Esta supuesta vulneración idiomática forma parte del Informe de denuncias de los derechos lingüísticos que ha presentado este lunes de manera conjunta Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua y una decena de entidades ante la sede del Síndic de Greuges, el equivalente al Defensor del pueblo valenciano.

En el citado documento, estas asociaciones subvencionadas por la Generalitat de Cataluña y, en su momento, por el Ejecutivo valenciano presidido por el socialista Ximo Puig, avisan de un nuevo incremento de los casos de denuncias lingüísticas en la región, tanto en el servicio de diferentes Administraciones públicas, como en el ámbito sanitario y en el sector servicios.

Uno de los casos más llamativos de los que se hace eco el informe de este año tuvo lugar en una administración de lotería de Alicante, donde según explica la 'ONG del catalán', una clienta no pudo ser atendida supuestamente en valenciano.

Plataforma relata que la usuaria pidió en su lengua materna un décimo de lotería para el sorteo de los jueves y que la empleada que le atendió le dijo que «estamos en España» y que «no iba a aprender valenciano». Asimismo, le comentó que «era de Murcia» y que «no tiene necesidad» de saber dicho idioma.

En adelante, de acuerdo con la denuncia presentada, la clienta le contestó que «estamos en Alicante» y que por ello puede expresarse en su lengua, a lo que la lotera le insistió con que «somos españoles», que «no la entendía» y que «primero de todo es España». Finalmente, ante la incapacidad mostrada por ambas para entenderse, no se llevó a cabo la transacción del décimo.

Desde hace una década, todas estas plataformas celebran cada 4 de diciembre el Día dels Drets Lingüístics al País Valencià, con el objetivo de «visibilizar la discriminación que padece la ciudadanía cuando habla valenciano, pese al amparo de la ley vigente». En el informe publicado, se da cuenta también de diferentes casos similares ocurridos en el ámbito sanitario, así como en locales de ocio, supermercados o incluso con empresas de paquetería.

En paralelo, Plataforma per la Llengua y Escola Valenciana afean en este documento al Gobierno valenciano que haya suprimido la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL), también conocida como la policía lingüística, así como que la Conselleria de Agricultura utilice «un valenciano no normativo que promueve el secesionismo lingüístico». Del mismo modo, critica la vuelta de la doble denominación en castellano y valenciano de las ciudades de Valencia y Castellón de la Plana.