El plan de choque de Mazón para recortar gastos si el Gobierno no desbloquea el FLA

El propio Mazón ha asistido este jueves a la reunión de subsecretarios y secretarios autonómicos previa al pleno del Consell en el que se ha aprobado remitir la Cuenta General de la Generalitat, correspondiente al ejercicio 2024 a la Sindicatura de Comptes. El resultado económico-patrimonial se ha situado en -4.589,79 millones de euros, frente a los -2.475,44 millones de 2023, en un año marcado por las consecuencias de la dana.

En este contexto y justo un día después de exhibir unidad con la patronal y los sindicatos para exigir el FLA, el barón 'popular' ha pedido a todos los departamentos un plan que revise, sobre todo, los capítulos relativos a gastos de personal y de funcionamiento. Según fuentes de Presidencia de la Generalitat, Mazón ha reclamado de forma urgente, de cara al próximo lunes, propuesta concretas en distintas materias.

Estas medidas extraordinarias pasan por «racionalizar y rentabilizar» el patrimonio de la Administración autonómica -alquilando o vendiendo edificios de su propiedad, por ejemplo- o por evitar duplicidades y gastos superfluos en el conjunto de organismos del sector público instrumental.

También se va a poner el foco en las subvenciones, en el ahorro de costes vinculado con la digitalización y en los trabajadores de la Administración. En concreto, se hace referencia a la «lucha contra el absentismo laboral» y al «control horario».

Para «constatar avances en mejora de gestión, controlar desviaciones y garantizar eficiencia en la ejecución» se va a activar un comité permanente de seguimiento, formado por la Conselleria de Hacienda y aquellos departamentos con mayor peso presupuestario, como Sanidad o Educación.

En paralelo, y tras los impagos correspondientes al mes de mayo, la patronal farmacéutica valenciana CONFAR ha alertado de la «situación crítica» que sufren y ha avanzado que prepara un calendario de medidas que «podrían desembocar, si no se garantiza de forma inmediata el abono de las cantidades adeudadas, en el cierre patronal de las oficinas de farmacia de las tres provincias».

En un comunicado, ha denunciado que este escenario «afecta directamente a la viabilidad empresarial de muchas oficinas de farmacia, especialmente las de menor tamaño, ubicadas en zonas rurales o las de la zona afectadas por la dana». En la misma línea, CONFAR ha reprochado la «falta de claridad» por parte de la administración autonómica en cuanto a los plazos y compromisos de pago, lo que les genera «una incertidumbre inaceptable».

Desde las asociaciones provinciales, están trabajando para «minimizar el impacto» de este impago, mediante acuerdos con diferentes entidades bancarias y cajas de ahorro que «permitan adelantar las facturas pendientes y asegurar así la continuidad del servicio farmacéutico a la ciudadanía».