Mazón pide permiso a Sánchez para endeudarse y poder pagar facturas al no recibir 1.800 millones del FLA extra

La operación se realizará a través de varios préstamos con diferentes entidades financieras privadas que ya se están negociando, aunque todavía no se han concretado las condiciones del tipo de interés. Los fondos se destinarán a pagar las facturas pendientes de gastos farmacéuticos y otros proveedores de servicios esenciales. Si se cumplen los plazos previsto por el Consell, la deuda con las farmacias -a las que se debe el mes de mayo- podría abonarse «antes de que acabe julio». Precisamente, se fijó como fecha límite el 7 de julio para que la tramitación pudiera llevarse a cabo en las tres semanas siguientes.

La Generalitat espera que el Consejo de Ministros apruebe su petición el próximo martes tras mantener conversaciones a nivel técnico con el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. Después, tendrá que convalidarse en las Cortes Valencianas. «Estamos en manos del Gobierno de España», ha asegurado este martes la consellera del rango, Ruth Merino, tras la reunión del Ejecutivo autonómico. Es, ha aseverado, «una cuestión de voluntad política y de tener altura de miras», aunque ha reconocido que «es difícil tener confianza». «No sé que podrían alegar para negarnos esto», ha apuntado. Además, está previsto solicitar los 674 millones restantes en diciembre «hasta cubrir todo el exceso de déficit de 2024».

Merino ha recalcado que está situación no viene provocada «porque gastemos mal o más, sino por un sistema de financiación que nos lastra, que es injusto y nos deja en una situación de inferioridad». Esta solución alternativa a un FLA extra -reivindicado también por la patronal y los sindicatos y que el Gobierno central todavía no ha descartado públicamente- contribuirá a aumentar la ya abultada deuda de la Comunidad Valenciana: más de 60.000 millones de euros, el 80% de los cuales se achacan a la infrafinanciación. Sólo este año se tendrán que abonar 1.100 millones en intereses y la deuda comercial de la región era de 1.767 millones a 30 de abril. En caso de que finalmente esa partida se transfiriera, la Generalitat valorará qué hacer con el préstamo.

Merino ha recordado que tampoco han recibido todavía los 900 millones de las entregas a cuenta -el dinero que reciben las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que puedan sufragar los servicios básicos que tienen transferidos- que el Ejecutivo actualizó con retraso en junio. Por su parte, la vicepresidenta primera y portavoz de la Generalitat, Susana Camarero, ha criticado que la Comunidad Valenciana sea la «más perjudicada» en este aspecto «frente al traje a medida» que se le va a hacer a Cataluña con una reunión el 14 de julio en la que se formalizará la propuesta para su financiación.

Al tiempo que se activa esta «vía alternativa de financiación para poder garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales», las consellerias siguen trabajando en la «priorización y optimización del gasto». No obstante, Camarero ha señalado que ese plan que los distintos departamentos van a ir desgranando en las próximas semanas, «no es la solución» al problema de la financiación y tampoco va a poder «nivelar» la falta del FLA extra.

Entre las medidas concretas que ha detallado, en Justicia se aumentará la digitalización de los procedimientos para implantar una política de «papel cero». En paralelo, Sanidad trabaja para llegar a los porcentajes recomendados por el Ministerio -todavía no alcanzados- para que el 80% de los fármacos prescritos sean genéricos y el 90% biosimilares, además de promover nuevos acuerdos marco de compra de medicamentos para reducir su precio.

En cuanto al absentismo laboral en la Administración, la Generalitat va a utilizar una herramienta para unificar los datos de todas la áreas y poder «tomar las medidas necesarias».