Los hechos se remontan al año 2007 en el municipio valenciano de Canet d'en Berenguer, cuando el divorcio se materializó y la mujer pidió a su ya exmarido vía notaría que desocupara la casa, algo que no ocurrió, por mandamiento judicial, hasta 2014, según ha adelantado el diario 'Levante-EMV'.
Así las cosas, el ahora condenado intentó por los tribunales que se reconociera una titularidad del 40% del inmueble, situación que fue rechazada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sagunto y después por la propia Audiencia Provincial.
Finalmente, de acuerdo con la información desvelada por este diario, se vio obligado a abandonar el domicilio familiar tras una demanda por desahucio en precario y, años después, la mujer interpuso una nueva denuncia para reclamar la compensación económica por no haber explotado la misma durante estos siete años.
La afectada aludió al empobrecimiento que supuso no poder disponer de la casa, por lo que reclamó cerca de 47.000 euros en conceptos de arrendamiento y gastos de luz y agua, algo que estimó conveniente el juez al comprobar que la demanda del acusado era «infundada» y la ocupación de la vivienda «ilícita» y que, incluso, «sólo perseguía perjudicar a la demandante, ya que tenía vivienda propia en la localidad y perfectamente podría haberse trasladado a ella tras la ruptura».
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