Ortiz alega que al declarar peritos del fisco no tendrá un juicio justo por fraude a Hacienda

Así lo han expresado este martes en la sesión de cuestiones previas . El juicio, que ya se aplazó en enero a causa de la enfermedad de un perito, comenzará el próximo 4 de julio en el juzgado de lo Penal número 1, y está previsto que se prolongue durante toda la semana.

Al constructor, -que está investigado en otros procesos como Brugal o Gürtel- la Fiscalía le solicita tres años de prisión y una multa de 10 millones de euros por un delito contra la Hacienda Pública y un año y medio por un delito de falsificación de documento mercantil.

La Fiscalía solicita las mismas penas para los empresarios Vicente Pérez, Rafael Galea, Miguel Ballestar y Miguel Carratalá , representantes de las empresas Hansa Urbana, Obras Asfálticas y Construcciones, Construcciones Villarejo y Viviendas del Mediterráneo.

Los hechos se remontan a 2005 cuando, según la Fiscalía, todos ellos se pusieron "de acuerdo" para obtener "un beneficio económico derivado de causar un perjuicio a la Hacienda Pública mediante la defraudación en los tributos que debían satisfacer".

Hansa arrendó de esta manera hasta nueve terrenos rústicos en la zona de la playa de San Juan a Construcciones Villarejo y a Obras Asfálticas por 1,5 millones de euros. La Fiscalía entiende que aunque se abonó la mensualidad, los solares "nunca fueron usados ni utilizados para cualquier finalidad" y sí "un pago a cuenta o anticipo de una posterior operación mercantil de compra-venta de esos terrenos".

Con todo, el contrato de alquiler permitió a las empresas aplicarse una Deducción por Reversión de Beneficios Extraordinarios en el Impuesto de sobre Sociedades.

Así, en la jornada de cuestiones previas, las defensas han argumentado que si los peritos son los mismos inspectores de Hacienda que en fase administrativa denunciaron el supuesto delito, a los acusados solo les falta esperar "que dicten sentencia".

También han manifestado que puede vulnerar este derecho a juicio justo la "autoinculpación", al tener que haber aportado la documentación requerida durante la fase previa o atenerse a la correspondiente sanción.

En todo caso, los abogados de Ortiz y Carratalá han defendido que en la operación se detectó una discrepancia por parte de Hacienda, que sostenía que tras la venta de los terrenos de Galea a Ortiz el activo no era inmovilizado sino circulante, y que este tipo de casos "siempre" han ido por la vía contencioso-administrativa y que en este proceso se ha "estirado" hasta llegar a la instrucción penal, por lo que han añadido que es un caso "extraordinario" y que no hay ninguna sentencia en España por este motivo en el ámbito penal.

Por su parte, Fiscalía y Abogacía del Estado han mantenido que están "acostumbrados" a juicios en los que los denunciantes sean peritos debido a que se han hecho auditorías internas y han destacado la "imparcialidad y objetividad" que se les supone a los funcionarios . Además, han manifestado que la Agencia Tributaria debe utilizar los mecanismos que tiene para detectar el fraude fiscal. La jueza ha indicado que estas cuestiones se resolverán el día 4 antes de comenzar con las declaraciones.