Juicio a Ortiz y otros cuatro empresarios por defraudar seis millones al fisco

La vista oral iba a celebrarse el pasado enero por se aplazó a petición de la fiscalía y de la acusación particular, que ejerce la Agencia Tributaria, por la imposibilidad de comparecencia por enfermedad de un perito, un inspector de Hacienda.

La titular de Lo Penal número 1 de Alicante, Teresa María Belmonte, fijó para el 21 de junio la sesión reservada para las cuestiones previas y del 4 al 8 de julio la vista oral.

Ortiz, también imputado en causas de Gürtel y en varias piezas separadas del Brugal, ha sido el primero de los cinco empresarios que se sentarán en al banquillo de los acusados en llegar al Palacio de Justicia de Benalúa, a pie a las 9.15 horas, y ante las preguntas de varios periodistas únicamente ha dado los "buenos días".

La comparecencia de Ortiz, al que asiste el abogado Francisco Ruiz Marco, ha concitado el interés de numerosos medios de comunicación, muchas de ellas televisiones nacionales.

El fiscal pide para los cinco empresarios 4 años y medio de cárcel , concretamente tres por un delito contra la Hacienda Pública y uno y medio más por falsificación en documento mercantil, así como multas de 10 millones de euros.

Además de Ortiz, figuran como acusados su cuñado y apoderado de algunas de sus empresas, Miguel Carratalá , así como el presidente de la promotora Hansa Urbana , Rafael Galea , y los empresarios Miguel Ballester, Vicente Pérez Cañas y Aurelio González Villarejo (a éste último le han sobreseído la causa por enfermedad degenerativa).

Los hechos se remontan al ejercicio fiscal de 2005 y fueron denunciados ante la fiscalía de Alicante por la Agencia Estatal Tributaria, que cifró el supuesto fraude fiscal en 6.105.247 euros.

La acusación pública sostiene que tanto Ortiz como su cuñado, Miguel Carratalá, se confabularon con Galea y los empresarios Ballester, González Villarejo y Pérez Cañas para defraudar a Hacienda.

En concreto, usaron nueve fincas rústicas situadas en el denominado Pau 4 de Alicante , en la Playa de San Juan, que Hansa Urbana SA tenía contabilizadas como "existencias o elementos del activo circulante" y, por tanto, como terrenos destinados a la venta y a la obtención de las consiguientes plusvalías.

La propietaria simuló supuestamente, en colaboración con las mercantiles de Ortiz y Villarejo, dos contratos de alquiler de las fincas por un importe total cercano a los 3 millones de euros a fin de contabilizarlas ante Hacienda como "Inmovilizado y beneficiarse así de una deducción fiscal indebida", según las conclusiones de la fiscalía.

Ortiz ya tuvo que abonar al fisco una importante suma por no cumplir sus obligaciones con Hacienda relacionadas con su yate.