Ximo Puig, este viernes en Alicante
Ximo Puig, este viernes en Alicante - EFE
Política

Ximo Puig rehúye dar explicaciones en las Cortes sobre la operación que benefició al medio del que es socio

La Abogacía de la Generalitat niega que hubiera conflicto de intereses en que el presidente aprobara el decreto que propició la quita de la deuda a Prensa Ibérica

Las cuentas anuales de la imprenta propiedad de Pecsa reflejan que la deuda correspondía también al periódico en el que el jefe del Consell tiene acciones

VALENCIAActualizado:

Casi dos semanas después de que trascendiera la operación por la que Ximo Puig ha llegado a convertirse en socio del mayor grupo mediático de la Comunidad Valenciana, las explicaciones en los ámbitos oportunos parece que todavía tendrán que esperar. El presidente de la Generalitat ha ofrecido declaraciones a los periodistas en dos actos de agenda, uno en Bruselas y otro en la localidad de Burriana. Pero por el momento no ha convocado ninguna rueda de prensa para aclarar la sucesión de polémicos hechos ni se ha sometido al control de las Cortes Valencianas, institución encargada de la vigilancia al Gobierno. Como ha afirmado el portavoz del PSPV, Manolo Mata, su grupo no lo considera «urgente».

El jefe del Consell posee desde los años 80 acciones en Promociones y Ediciones Culturales SA (Pecsa), propietaria de El Periódico Mediterráneo (diario líder en Castellón). Algo que nunca ha ocultado y que ahora declara por un valor contable de 177.886,8 euros (el 1,2% del total). Recientemente, el grupo Zeta, propietario mayoritario de Mediterráneo, ha sido adquirido por Prensa Ibérica, conformando de este modo el conglomerado mediático más importante de la Comunidad Valenciana y en el que Puig, por tanto, es socio.

La compra de Zeta fue posible gracias a una quita de la deuda del 70% que perdonó, entre otras entidades, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con una condonación de 1,3 millones de euros. Acción que el banco público pudo realizar gracias a un decreto aprobado el pasado marzo por el Gobierno autonómico que permitía hacer quitas sobre acreedores y que salió adelante en pleno con el apoyo expreso del propio Puig escasos días antes. A ello se añade que en 2016 y 2017 –estando al frente del Ejecutivo valenciano– ha percibido unos dividendos derivados de dicha participación en Pecsa por importe de alrededor de 12.000 euros.

Cantidades que ha cobrado de un medio (Mediterráneo) al cual, desde el Gobierno del que es responsable, se ha otorgado más de medio millón de euros en publicidad durante los últimos años. Prensa Ibérica (junto a Mediterráneo) recibió 3,3 millones entre 2016 y 2018, la mayor parte desde Presidencia.

Los argumentos para tratar de defender los hechos llegan desde el entorno de Puig y desde el director del IVF, Manuel Illueca, que a diferencia de él sí ha solicitado comparecer en el Parlamento autonómico a petición propia. Uno de ellos es que la deuda perdonada no era del medio en el que el presidente de la Generalitat tiene acciones, sino del grupo Zeta.

Ésta provenía de la puesta en marcha por parte de Pecsa (propietaria de Mediterráneo) de una imprenta en el municipio de Biar, para lo cual el banco público valenciano otorgó un crédito de seis millones a la sociedad Silsa, de la que es propietaria Pecsa. Pero la insolvencia del accionista mayoritario del diario (Zeta) provocó que la deuda se sindicara con todos los acreedores (también el IVF) y pasó a ser éste el interlocutor aunque la situación seguía afectando al medio en el que Puig es accionista. De hecho, Silsa refleja en sus cuentas anuales que continúa como «garante solidaria» de estos préstamos, que cifra en los 1,9 millones que quedaban por pagar de la imprenta.

Por lo tanto, tras la compra del grupo Zeta por parte de Prensa Ibérica, Mediterráneo pasa a estar endeudado con esta última, objeto de la famosa quita. En definitiva, Puig sí se beneficia, como accionista, de toda esta situación.

Conflicto de intereses

En lo referido a la actuación política, otro de los argumentos es que Puig no tenía conflicto de intereses al aprobar el decreto que pocos días después propició la condonación de la deuda. Una versión que, tal y como ha informado este viernes la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se ve avalada por un informe de Abogacía de la Generalitat que concluye que «no procedía» que el presidente se abstuviera en la votación.

Oltra ha explicado que el documento ha sido encargado a raíz de la polémica generada recientemente. En él se defiende que el decreto era de carácter general y no tenía «afectación singular directa a ningún tipo de asunto». Igualmente, remarca que no afecta a entidades, empresas o sociedades en las que el presidente, su cónyuge o persona análoga o familiares hayan realizado funciones de dirección, asesoramiento o administración con anterioridad o posterioridad a la toma de posesión del cargo.

Oltra, que ha evitado criticar a Puig pero sí ha destacado que «Illueca ha hecho lo que tiene que hacer» -comparecer a petición propia en las Cortes-, ha insistido en que en cuanto el Parlamento «ponga fecha» el presidente «estará ahí». «Es irrelevante a efectos prácticos que haya otra petición», ha considerado en cuanto a que pudiera ser a iniciativa de él.