La Subdelegación del Gobierno pierde su recurso contra la subida salarial de los funcionarios de Benidorm

En un comunicado, el SPPLB ha acusado a los representantes del Gobierno en la provincia de «seguir directrices del PSOE y, después de amenazar , recular y volver a amenazar hasta en dos ocasiones con tumbar la valoración, presentar una denuncia», en contra del acuerdo plenario en Benidorm el pasado 20 de diciembre de 2020.

Ante este «ataque indiscriminado y sectario de la Subdelegación del Gobierno y por ende, de los dirigentes del PSOE en la Comunidad Valenciana contra Benidorm y contra los trabajadoros municipales», el SPPLB se personó en la causa por dos vías, como sindicato y a nivel particular como empleado de ese Ayuntamiento, su vicesecretario nacional, Francisco A. Gonzalez .

Ahora, el juzgado contencioso-administrativo número cuatro de Alicante, ha fallado contra la Subdelegación del Gobierno, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo.

En concreto, se precisa en la sentencia que, en todo caso y si hubieran estado disconformes, debían recurrir el presupuesto municipal del Ayuntamiento globalmente y no únicamente la partida destinada la VPT de la plantilla municipal, que «respeta total y fielmente el incremento de retribuciones de los funcionarios de la Administración Local que establece anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado».

Aparte de la cuestión legal, el sindicato ha puesto de relieve el trasfondo político que -á su entender- hay detrás de este conflicto: «La sentencia corrige, sin lugar a dudas, las acciones arbitrarias de la Subdelegación, que es una institución políticamente utilizada de manera burlesca». Para argumentar esta crítica, desde el SPPLB señalan que la institución «no denuncia en aquellos lugares donde gobierna el PSOE, no impugna las VPT, por ejemplo, en Elda y Denia, y por el contrario donde gobiernan otros partidos de signo contrario, impugnan por sistema y también son condenados de manera reiterada». Y menciona entre estos últimos el caso de Benissa y ahora de Benidorm, donde ha sido condenada a pagar las costas.

Por eso, el SPPLB «insta a Araceli Poblador Pacheco, subdelegada del Gobierno en Alicante, a que pague las costas judiciales de su bolsillo, y a que midan con sensatez sus actuaciones» y recuerda que le advirtieron en 2010 de que el Ayuntamiento de Benidorm aprobó otra revisión de los puestos de trabajo municipales con informes contrarios de la Intervención, sin que adoptaran ninguna medida.

Este asunto, cuando gobernaba el PSOE en el municipio alicantino, está siendo objeto de investigación judicial, tras denuncia de este sindicato que luego hizo suya la Fiscalía, y que desde el SPPLB describen como «una valoración de puestos de trabajo encubierta para amiguetes, afines y familiares con un incremento salarial de 4,5 millones euros» para 43 posibles enchufes .