El caso de los 43 enchufes del PSOE en Benidorm llega a juicio contra dos exconcejales y seis técnicos

La forma en que se favoreció a personas con « relación familiar o política con el equipo de gobierno», según describe este auto, consistió en aplicar subidas salariales -con el informe contrario del interventor municipal- y en cubrir plazas de trabajo sin justificar.

En consecuencia, se considera que hubo una « irregular política de personal y presupuestaria» con un «delito continuado de tráfico de influencias» y se responsabiliza a ocho acusados.

Están procesados por sus cargos y funciones en aquel momento Carmen Navarro Orts (como jefa de Recursos Humanos), Juan Ramón Martínez Martínez (concejal delegado de Recursos Humanos), Daniel Caneiro Espino (coordinador de Recursos Humanos y jefe de Personal), Natalia Guijarro Martínez (concejal de Recursos Humanos), Julio Fernández Lleras (jefe del departamento de Nóminas), María Dolores Cantó Cerdá (técnica de Relaciones Laborales del departamento de Recursos Humanos), María Matilde Martínez Pérez (jefa de Negociado de Personal y representantes de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento) y José Asensio Salamero (funcionario municipal y entonce jefe del negociado de Contratacion y Seguridad Social, y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Relleu).

Desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos ( SPPLB ), que denunció las irregularidades que luego, a su vez, llevó al juzgado el Ministerio Fiscal, han valorado que «queda claro que el político puede tener responsabilidades por firmar resoluciones injustas y ordenar cualquier cosa, pero el funcionario , en definitiva, los técnicos, deben velar por la legalidad, por lo que tienen la misma responsabilidad o mayor ».

Además, han puesto de relieve que «un político sin la ayuda de los técnicos no puede cometer este tipo de delitos en una Administración pública, además, la prevaricación administrativa es el peor delito que puede cometer un funcionario».

Según señala el SPPLB, como ejemplo de las colocaciones «a dedo», se constata que «la contratación personal laboral de nuevo ingreso se cifra en 130 nuevos contratos, el personal funcionario de nuevo ingreso se cifra en 13, a pesar de que según la tasa de reposición establecida en la Ley 26/2009, correspondían únicamente 3 nuevos ingresos»

Entre los 43 enchufes bajo investigación en esta causa, están el padre, el marido y el hermano de tres concejales socialistas de aquel momento, y otros beneficiados vinculados a la lista municipal de este partido en las elecciones.

Uno de los casos más escandalosos que se destapó con la denuncia de este sindicato apuntaba al secretario general de UGT en el Ayuntamiento, Daniel Caneiro , uno de los investigados que será juzgado, y que pudo llegar a cobrar más que el alcalde . El SPPLB le acusó públicamente, además, de «prohibir» al departamento de Nóminas que facilitara esa información sobre su sueldo.

Todos estos dispendios, en un momento de crisis y austeridad . El volumen de información y la cantidad de beneficiados por los incrementos retributivos de miles de euros hizo que este caso se convirtiera en «causa compleja».