Ribó basó la suspensión de los asesores del PP en un delito que no investiga el juzgado

El grupo popular ha registrado una moción para que sea debatida en la comisión de Gobierno Interior, esta semana, en la que solicita que «una vez conocido el contenido del sumario judicial y el auto del juez instructor, que descarta la existencia de presuntos delitos contra la Administración» que motivaron la apertura de los expedientes disciplinarios , se inste al gobierno local «para que en la próxima sesión ordinaria proceda al levantamiento de las medidas cautelares adoptadas contra los asesores del grupo municipal popular».

El escrito del PP recuerda que, el pasado 4 de febrero, el concejal de Personal, Sergi Campillo , firmó la apertura de un expediente disciplinario contra Luis Salom , uno de los asesores investigados, que llevaba aparejada como medida cautelar la suspensión de sus funciones (y con ello la reducción de su salario). El 31 de marzo, Campillo inició otros siete expedientes contra el resto de asesores investigados, contra los que se adoptaron las mismas medidas cautelares.

No obstante, los populares recuerdan en su moción que el propio juez , en su respuesta al Ayuntamiento cuando éste intentó personarse como perjudicado en el procedimiento (finalmente lo hizo como acción popular), explicitó que «el delito de blanqueo de capitales es un delito patrimonial», por lo que «no se aprecia en el Ayuntamiento de Valencia ni especial titularidad ni relación con el bien jurídico protegido ni perjuicio económico estimable». En consecuencia, «entiendo que no procede su personación como acusación particular, que es la solicitada, dado que no cabe considerarlo perjudicado por el presunto delito».

En su moción, el PP recuerda que, a la vista de las explicaciones del juez, no cabe considerar a sus asesores ni autores de un delito contra la Administración , ni que éste se cometiera «en el ejercicio de sus funciones» en el Consistorio. Es decir, que el presunto blanqueo de capitales, si se cometió, no «tienen relación con el ejercicio de la función pública que ejercen» los investigados, como alegó la Junta de Gobierno Local para suspenderlos.