El PP tampoco irá a juicio tras el vuelco de la Audiencia de Valencia al 'pitufeo' en el equipo de Rita Barberá

El tribunal niega los indicios de blanqueo de capitales que esgrimía el juez instructor en su auto de procesamiento y mantiene su tesis: los encausados realizaron una donación de mil euros a la cuenta de la formación para la campaña de esos comicios, pero no está probado que después recibieran dos billetes de 500 euros en papel procedentes del dinero negro supuestamente recaudado en 2007 y 2011 por el número dos de Barberá, Alfonso Grau. Un extremo que la sala cuarta ha descartado, pues para entonces Grau ya había dimitido tras estallar el caso Noós.

«Fuera de la irregular e ilícita actividad que se orquestó dentro del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia falta el enlace preciso y absolutamente necesario del conocimiento de que con este operativo se ayudaba y colaboraba en el blanqueo de capitales con la actividad delictiva previa origen del dinero», precisa el auto.

Con esto, el tribunal ya ha estimado los recursos de apelación de 39 de los 50 investigados en la pieza A del caso Taula y para los que el titular del Juzgado de Instrucción número 18 solicitaba la apertura de juicio oral. En cinco de los 24 autos emitidos este jueves, relativos a una decena de investigados, una magistrada ha emitido voto particular , pues entiende que esos recursos deberían haber sido desestimados.

No obstante, la Audiencia ha acordado seguir el procedimiento contra el que fuera presidente de la Fundación Valenciana de la Innovación y el Conocimiento (FIVEC) y delegado del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD) Eduardo Santón, que se enfrenta a cinco años de prisión. La sala ha desestimado su recurso de apelación contra el auto de procedimiento abreviado dictado en octubre de este año por el instructor, que apreciaba en su conducta indicios de malversación por la contratación con dinero público de trabajos que podrían no responder a la realidad .

Se esperan más resoluciones en los próximos días, entre ellas las relativas a quien fuera responsable de Turismo Valencia Convention Bureau, José Salinas , y al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau , considerado el «recaudador de recursos económicos sustraídos a la regularidad y transparencia contable». El instructor encausó a Grau por presunta malversación en la campaña de 2007 y blanqueo de capitales y cohecho en la de 2011. La Fiscalía pide para él quince años de cárcel.

De supuesto cohecho también sería responsable la entonces secretaria del Grupo Municipal Popular, María del Carmen García Fuster, - encargada de administrar el dinero - a quien la Audiencia archivó este miércoles el caso del 'pitufeo' de 2015, pero acordó que siguiera procesada por la «supuesta percepción de dinero de origen desconocido pero vinculado no obstante a cobros de empresas por trabajos no demostrados o realizados con sobrecoste» en la campaña de las elecciones anteriores.

Según el tribunal, existe un «substrato que permite atribuir racional e indiciariamente la consideración de dinero procedente de una actividad delictiva al dinero descubierto a través de las notas manuscritas , poseído y manejado por la apelante sin haber aportado una explicación coherente que descarte los mencionados indicios». Anticorrupción solicita un año de prisión para ella.