La causa del 'pitufeo' en Valencia se sigue desinchando pero la secretaria del PP local continúa investigada

Aunque los magistrados de la sección cuarta ya han dictado que no ven indicios de blanqueo en la actuación de 17 de los 49 investigados en esta pieza del caso Taula - contando a los trece a los que ya estimaron su recurso de apelación y se libran del juicio oral -, sí mantienen el procedimiento abierto contra García Fuster por la «supuesta percepción de dinero de origen desconocido pero vinculado no obstante a cobros de empresas por trabajos no demostrados o realizados con sobrecoste » en la campaña electoral de 2011.

Según el tribunal, existe un «substrato que permite atribuir racional e indiciariamente la consideración de dinero procedente de una actividad delictiva al dinero descubierto a través de las notas manuscritas , poseído y manejado por la apelante sin haber aportado una explicación coherente que descarte los mencionados indicios». Por tanto, todo indica que sí habrá vista oral por esta cuestión.

El resto de implicados siguen a la espera de que se resuelvan sus recursos, por lo que no se descarta que se produzcan más sobreseimientos. De hecho, en lo relativo al presunto 'pitufeo', la pieza se da prácticamente por cerrada tras casi seis años de instrucción, a la espera de conocer lo que ocurre con el exvicealcalde de Valencia y número dos de Barberá, Alfonso Grau.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 dictó a finales de octubre auto de procesamiento contra medio centenar de miembros del equipo de la dirigente fallecida en 2016, al considerar que donaron mil euros al PP a través de transferencias bancarias para sufragar la campaña de los comicios de 2015.

Una cantidad que, según el juez, se les devolvió en metálico para blanquear dinero negro . Tanto es así que el magistrado también acordó procesar al Partido Popular como persona jurídica. El instructor puso a Grau en el centro de esta maniobra ilícita como «recaudador de recursos económicos sustraídos a la regularidad y transparencia contable», mientras García Fuster era la encargada de administrarlo.

Sin embargo, la Audiencia de Valencia -que reproduce sus argumentos en todos los autos- ha tumbado ahora ese relato, que califica de «mera sospecha» . La sala incide en que no hay pruebas que determinen que la mayoría de investigados participaran en la segunda parte del plan, es decir, que recibieran dos billetes de 500.

El tribunal señala «la evidente contradicción que encierra, reconocida por el mismo juez» el declarar en el auto que cree «posible que algunas de las personas investigadas, por distintos motivos o circunstancias, no fueran finalmente al despacho de María del Carmen García Fuster para recoger los billetes, o incluso que no estuvieran al tanto».

Por ello, es «completamente lógico» que, ante la «sospecha de ilegalidad», la gran mayoría aceptara hacer la donación sin contraprestación al tratarse de «una suma poco relevante en relación con los intereses políticos y profesionales en juego de los pagadores».

Además, los magistrados desvinculan el dinero negro que Grau manejó presuntamente en las campañas de 2007 y 2011 , con el que se dio cuatro años después, según el relato de los investigadores, al equipo de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia, puesto que el exvicealcalde ya había roto relaciones con el partido en 2015 tras estallar el caso Noós. Según el instructor, la conducta del exvicealcalde en 2011 presenta indicios de cohecho pasivo impropio y de blanqueo de capitales, delito del que también sería responsable García Fuster.