Un perito del caso del Metro de Valencia denuncia «presiones» del Consell para inculpar a FGV

El que fuera subdirector técnico del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) Salvador Puigdengolas ha revelado las «presiones» recibidas a preguntas de los abogados de los exdirectivos de FGV imputados, pero no ha precisado de quién procedieron.

No obstante, ha señalado que tras la elaboración del informe fue destituido de su cargo, dependiente de un organismo adscrito a la Conselleria de Economía. Una fuente oficial del Invassat ha precisado a ABC que la salida de Puigdengolas (a la sazón presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia) obedeció a cuestiones «técnicas y de trabajo» .

El ex subdirector técnico del Invassat había permanecido en el puesto a pesar del cambio de Gobierno producido tras las elecciones de mayo de 2015 y no fue relevado hasta junio de este año, cuando se desarrollaba en las Cortes Valencianas la comisión de investigación sobre el accidente, que concluyó que el siniestro «el accidente de metro fue previsible y evitable porque la línea 1 no era segura».

Puigdengolas fue el autor del informe encargado al Invassat después de que la Audiencia de Valencia ordenara reabrir el caso. En 2006 ya había rubricado otro informe con las mismas conclusiones. El documento sobre el que ha sido interrogado el perito descarta infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, en coincidencia con los informes aportados por el inspector de Trabajo, quien también ha declarado este jueves.

Desde el pasado mes de julio, la exgerente de FGV Marisa Gracia y otros cinco exresponsables están siendo investigados en este caso. Se trata del exdirector de auditoría y seguridad en la explotación, el exdirector de operaciones, el exjefe de mantenimiento de instalaciones fijas, el exjefe de talleres de Valencia Sud y el exjefe de la Línea 1.

A todos ellos, la jueza les imputó antes de recibir el citado informe para evitar la prescripción de los posibles delitos.

No obstante, en resoluciones anteriores la instructora ya expuso que sólo serían llamados a declarar como imputados en el caso de que del contenido del informe encargado a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria se desprenda que «nos encontramos ante unos hechos constitutivos de delito» .

Fue la Audiencia Provincial de Valencia, en la resolución que ordenó la reapertura del caso en julio de 2015 , la que estableció la necesidad de realizar este informe pericial como paso previo a resolver sobre la imputación de los responsables de Ferrocarrils.