«No hemos sido capaces de detectar al monstruo»: Justicia se reúne para analizar el crimen de Sueca

De este modo, representantes de judicatura, Fiscalía, fuerzas y cuerpos de seguridad, atención a las víctimas y el Instituto de Medicina Legal mantendrán un encuentro para analizar «por qué no han podido anticiparse» al asesinato de Jordi , cuando el supuesto infancitida estaba condenado por malos tratos a su mujer.

La titular de Justicia aseguró que, como sociedad, «debemos sentirnos muy consternados», ya que «cada asesinato de una mujer o de un niño, cuando además hay un procedimiento judicial, es un mayor fracaso ». Bravo señaló que «a las víctimas les cuesta mucho denunciar», por lo que «no podemos asumir ni tolerar que estas cosas sigan ocurriendo».

Preguntada por la falta de comunicación entre juzgados, la consellera de Justicia ha detallado que «han fallado muchas cosas» , como la laguna judicial entre las partes «porque es bastante incomprensible» que el letrado que asiste a la víctima no tuviera conocimiento de que había iniciado un proceso de separación un mes antes, así como que no se adoptaran medidas sobre la vivienda habitual y que en ningún momento se informara de la condena por violencia de género .

En su opinión, los juicios rápidos no son los procedimientos más adecuados para poder evaluar los casos de violencia de género. «La mujer entró en el juzgado a las 9.00 y salió a las 14.00 horas con una sentencia que únicamente se centra en los hechos probados y con una pena que se determina en base a los mismos: ocho meses de alejamiento que acababan este mes», ha destacado la consellera.

Al respecto, la titular de Justicia abogó por mejorar la comunicación para que los juzgados dispongan de una mayor interconexión , pero aclaró que, en este caso, sí se tenía acceso al sistema que permite conocer las resoluciones que se dictan por parte de un juzgado de violencia, ya que son partidos judiciales mixtos, aunque matizó «que se pueda acceder no significa que estuviera obligado».

«Lo importante, más allá de que en otros partidos judiciales será necesario que todos los jueces de familia tengan acceso en los partidos con jurisdicción separada , es establecer un protocolo para que todos los jueces de familia tengan la capacidad de poder acceder e incorporar el sistema de alertas», aseveró.

En este sentido, también consideró que el Consejo General de Poder Judicial también tiene en esta cuestión un «papel importante» en mejorar los procesos, es decir, «las administraciones deben poner los recursos, y si se pueden incorporar alertas, muchísimo mejor, pero también es fundamental incorporar nuevos protocolos , como, por ejemplo que las oficinas de atención a las víctimas también pudieran tener acceso al registro de los asuntos judiciales que entran».

Bravo detalló que en los juzgados de familia un cuarenta por ciento de los procedimientos judiciales que se están tramitando «ocultan verdaderas historias de malos tratos que no salen a la luz porque las mujeres no se atreven a denunciar porque tienen miedo y solo quieren separarse».

«Tenemos que hacer autocrítica todos porque no podemos consentir que esto siga sucediendo», insistió la consellera de Justicia, quien ha aclaró que «es cierto que el único culpable aquí es el maltratador, el presunto asesino», pero al mismo tiempo recordó que las administraciones y los poderes públicos tienen la obligación de poner en marcha todos los recursos y «asumir la autocrítica necesaria para mejorar el sistema ».

En cuanto al régimen de visitas al menor, destacó que en casos en los que una mujer presenta una denuncia por maltrato, si no se solicita la suspensión o alguna medida de alejamiento, no existe pronunciamiento y se suspende de forma automática durante treinta días «para que la víctima presente la demanda de separación y de divorcio, que si lo hace, se amplía un mes más».

«En el marco de ese procedimiento civil que conoce el mismo juez de violencia es en el que hay un pronunciamiento respecto a la suspensión de las visitas, pero, en este caso, ocurre al revés, es decir, se presenta una demanda de mutuo acuerdo y después ella denuncia», relató la consellera. Según cree Bravo, la víctima tendría dos letrados -en el procedimiento civil y en el penal- «y en el penal, incomprensiblemente, nadie preguntó en qué situación estaba».

Respecto a la patria potestad, continuaba en régimen compartido, ya que «lo que se atribuyó a la madre en el auto de medidas fue la guarda y custodia, que en el procedimiento civil, como se presentó de mutuo acuerdo, se pidió guarda y custodia compartida», matizó.

«No podemos banalizar con el tema de la violencia, pues detrás de cada bofetada o empujón puede haber historias terribles de malos tratos de veinte años que las víctimas no han querido denunciar, por eso es importante practicar todos los informes necesarios, al igual que tener en cuenta al menor y evaluar el grado de vulnerabilidad y de riesgo que puede tener, y para valorar el riesgo hay que examinar también al presunto agresor», concluyó.