El juez cita a declarar como imputado al hermano de Ximo Puig por la trama de ayudas de la Generalitat

Del mismo modo, en una providencia a la que ha tenido acceso ABC , el magistrado cita también en sede judicial el 25 de mayo a Enrique Adell Bover, como administrador de Canal Maestrat, y pide a la intervención de la Generalitat Valenciana y de la Generalitat de Cataluña que entreguen una auditoría con toda la información del dinero recibido y la justificación que se hizo de esas partidas. Ambas comparecencias se producirán a las nueve y media de la mañana.

A raíz de la denuncia inicial del Partido Popular, que ejerce la acusación popular, se investigan presuntos delitos de fraude de subvenciones, malversación y prevaricación en la obtención de ayudas públicas, entre 2015 y 2018 , de los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón.

El juez amplió el periodo de instrucción en enero durante seis meses más tras una primera prórroga de medio año en julio del año pasado cuando finalizaron los doce meses iniciales de investigación. En ese momento solo quedaba una diligencia pendiente: un informe de la Guardia Civil que debe cuantificar las subvenciones que recibieron estas mercantiles y establecer, en caso de que se observen irregularidades, si la causa debe seguirse por la vía penal o zanjarse con una sanción administrativa.

Para ello, la Benemérita ha ido recopilando tanto las facturas originales, como los movimientos bancarios, los expedientes administrativos o información de los registros mercantiles, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social sobre las productoras implicadas.

Comunicacions dels Ports, Mas Mut Produccions, Canal Maestrat, Kriol y Nova C.B. utilizaron, supuestamente, los mismos recibos, nóminas y contenidos para inflar los gastos y poder justificar ayudas para el fomento del valenciano en los medios, por lo que está imputado el director de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano.

No obstante, en las distintas administraciones también consiguieron subvenciones para el empleo juvenil, la edición de medios digitales privados en catalán o aranés y para la realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local.

Algunas de estas productoras fueron multadas con 43.000 euros por la Comisión de Defensa de la Competencia por pactar precios para ganar un concurso público para prestar sus servicios a la televisión autonómica, À Punt .

En un comunicado remitido a Europa Press , Comunicacions dels Ports ha insistido en que no ha cometido ningún ilícito penal y asegura que pedirá comparecer ante el juez para explicar subvenciones cuestionadas.

La productora señala que durante más de dos años se ha mantenido un «respetuoso silencio» para no interferir en la investigación y ha aclarado que las «dudas» de la Guardia Civil sobre un número «muy limitado» de facturas aportadas para justificar las subvenciones concedidas «serán resueltas en una próxima comparecencia en sede judicial, que se solicitará en breve». Y ha agregado: «En ningún caso tales dudas derivan en la comisión de ningún ilícito penal».

Además, ha advertido de la existencia de un informe de la benemérita en la que, a su juicio, «confunde» al hablar de la doble imputación del gasto para subvenciones de la Generalitat Valenciana y la Generalitat Catalana, el hecho de que las mismas facturas se hayan aportado en una u otra administración con el dato objetivo de que en ningún caso se ha subvencionado íntegramente por ambas administraciones o doblemente un mismo gasto, «respetándose en todo momento el límite previsto en el artículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones».

Y ha aprovechado para recordar, tal y como consta en un oficio remitido por la Agencia Antifraude de fecha 20 de febrero de 2020 al juzgado que, tras las comprobaciones oportunas, «todos los planes de control en el ámbito administrativo de las subvenciones recibidas han finalizado con resolución favorable , no instruyéndose ningún procedimiento de reintegro por parte de la administración».